La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha archivado la querella contra cinco exministros, otros dos ex altos cargos -entre ellos Juan Cotino en su etapa como conseller de Medio Ambiente- y dos empresarios, uno de ellos el presidente de ACS, Florentino Pérez, tras descartar cualquier delito penal en la construcción del almacén subterráneo de gas Castor, frente a las costas de Vinarós (Castellón).
En un auto conocido hoy, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 adopta la versión de la Fiscalía, y desestima la querella en tanto que esta obra no responde a una idea "aislada ni peregrina", sino que se debió a una política previamente planeada desde 2002, antes incluso de que los querellados accedieran a sus cargos.
Asimismo, añade que "tampoco parece que la actuación estuviera guiada por un afán de perjudicar los intereses de la Administración, adoptando resoluciones injustas, arbitrarias o manifiestamente contrarias a la ley", sino que fue "razonada y documentada".
Presentada por el Observatorio de la Deuda en la Globalización, Xnet y el Institut de Drets Humans, la querella se dirigía contra los exministros socialistas Joan Clos y Miguel Sebastián, que ocuparon la cartera de Industria; Magdalena Álvarez, titular de Fomento y Elena Espinosa de Agricultura; así como contra José Manuel Soria (PP), por su etapa en Industria.
Interpuesta por presuntos delitos de prevaricación, estafa, fraude a la Administración y malversación, se extendía además contra el presidente de Escal UGS -concesionaria del proyecto-, Recaredo del Potro; Florentino Pérez, por la participación del 60 % que tenía ACS; el ex secretario general de Energía socialista, Ignasi Nieto, y el exconsejero de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana Juan Cotino, del PP
