El destope es la fórmula que baraja el Gobierno para no dejar en pelotas el sistema de pensiones. El palabro se puede traducir, en este caso, como un aumento de los costes laborales para las empresas y una bajada de sueldo para una parte de los trabajadores a cambio de intentar garantizar las prestaciones de jubilación de todos. Un quita de aquí para poner allá.

El tope que se pretende eliminar es el de la base máxima por la que se cotiza a la Seguridad Social, situada por ley este año en 3.751 euros al mes, lo que corresponde a un salario bruto anual de poco más de 45.000 euros. Actualmente toda la parte del salario que supere ese techo no cotiza y como contrapeso las pensiones también están topadas, no pueden superar un límite fijado por ley que actualmente es de 2.580 euros al mes.

Lo que baraja ahora el Gobierno, y así lo apuntó el propio Pedro Sánchez en una entrevista en TVE, es eliminar el tope a la base de cotización "como hacen otros países de la Unión Europea". De este modo el tipo del 28,3% que se aplica hasta el límite de los 45.000 euros anuales -el 23,6% lo abona el empresario y el 4,7% el trabajador- pasará a aplicarse a todo el salario. Según un informe de la Seguridad Social, eliminar el tope permitiría elevar la recaudación para las pensiones en 4.470 millones de euros más al año, pero incrementaría el coste laboral en 3.728 millones de euros y bajaría la renta disponible de los trabajadores en 742 millones.

Más de 1,5 millones de trabajadores españoles verían reducido su salario. Son los que cobran más de 45.000 euros al año. Sin embargo, el tope de las pensiones se mantendría, por lo que el efecto de la medida sería similar al de un tributo a los salarios elevados. Acudiendo al destope el Gobierno evita tener que referirse a las temidas subidas de impuestos. De ellas sólo habla vinculándolas a los bancos. Esa parece que es la otra pata del plan para financiar las pensiones: un impuesto a la banca que sus lobbies ya se han puesto a combatir.

La fórmula del destope, defendida también por los sindicatos, le puede sonar bien a la mayoría de los trabajadores porque supone que los que tienen buenos sueldos tendrán que aportar más para financiar las pensiones de todos, pero hay que tener en cuenta que la mayor parte de la aportación tendrán que realizarla las empresas. Ese aumento del coste laboral puede traducirse en reducción de puestos de trabajo y en desincentivos a la hora de atraer inversión y empresas. Cambiar salarios por pensiones puede provocar que al final haya menos asalariados y con ello menos cotizantes para financiar las prestaciones.

A estas alturas está claro que alguien va a tener que pagar más si se quieren mantener las pensiones y lo que se necesita es encontrar la fórmula menos dolorosa para el conjunto del país.