La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) deberá elegir -en principio- nuevo presidente el próximo 20 de julio. Si es que se presenta algún aspirante, porque a 24 horas del cierre del plazo de presentación de candidaturas ningún empresario ha dado el paso. Eso no quiere decir, y así lo manifiestan fuentes internas de la patronal gallega, que no se repita la "sorpresa" que colocó a Antón Arias en el sillón de la Presidencia en enero de 2017, cuando la confederación coruñesa lo presentó como su representante. Esa "sorpresa", que en la casa atribuyen al sempiterno patrón coruñés Antonio Fontenla, es porque entonces el empresario inscribió a Arias solo diez minutos antes de que concluyese el plazo para hacerlo. Saltándose un pacto, además, suscrito días antes por las cuatro provinciales. Ahora nadie descarta nada: que Fontenla "lo vuelva a hacer", que no se postule nadie o que José Manuel Pérez Canal lo intente de nuevo. Incluso, si se repite la "traición" de 2017 y tiene tiempo, que la confederación de Pontevedra impulse un candidato propio. Si le pilla fuera de hora, se dará de baja "de manera definitiva" en la CEG.

Todo forma parte de un juego en el que la principal organización empresarial de Galicia lleva inmersa tres años, cuando el vigués José Manuel Fernández Alvariño se vio forzado a dejar un bastón de mando que le había costado tres intentos conseguir (perdió en 2001 y 2009 contra Fontenla). Desde entonces han pasado por el cargo Antonio Dieter Moure y el propio Arias; duraron un año cada uno, socavados por un reino de taifas. Desde enero, cuando dimitió el coruñés, la CEG ha estado en manos de la junta de vicepresidentes, conformada por los responsables de las confederaciones provinciales. Muestra de la desconfianza mutua que persiste en la patronal gallega es que la portavocía que ha ostentado estos meses Fontenla -es el representante de mayor edad- no ha sentado bien en Pontevedra o en Ourense. El patrón de la CEP, Jorge Cebreiros, desautorizó el pronunciamiento de la CEG contra la huelga feminista del 8 de marzo. "En ningún caso rechazamos la huelga, comprendemos sus legítimas reivindicaciones [...] pero considerando que existen otros procedimientos que no serían tan lesivos para la empresas y los procesos de diálogo y avances que se encuentran en marcha", indicó. Fue un desencuentro más.

Como el de la semana pasada, cuando la junta directiva fue incapaz de validar el informe de auditoría sobre las cuentas de 2017. Documento, por cierto, que introduce una gran novedad en el funcionamiento interno de la CEG. Según pudo saber este diario, la confederación pretende repartir las subvenciones públicas que recibe de la Xunta entre sus cuatro subordinadas provinciales, restando así contenido y fondos a la gallega y sin contar con las sectoriales. La auditora no concreta en su informe qué tipo de subvenciones serían susceptibles de este reparto, pero estos ingresos son una parte importante en sus cuentas. Recibe 600.000 euros anuales en cumplimiento de la Ley de Participación Institucional y más de 45.000 euros por su asistencia a reuniones del Consello Económico y Social, por ejemplo. Sin estas partidas no podría mantener su actual estructura, pero mejoraría la salud de las provinciales. Pontevedra y Ourense rechazan la propuesta.

"Las cuentas quedaron sin firmar justo cuando te acaban de condenar a devolver muchísimo dinero a la Xunta", lamentan fuentes próximas a la CEG sobre el fallo que le obliga a reintegrar medio millón de euros -algunas fuentes rebajan la cifra a 480.000- por el uso irregular de fondos públicos. La confederación decidió no recurrir la sentencia. "No vamos a recurrir, logramos rebajar un poco el importe, no podemos arriesgarnos a perder más". Esta semana el fallo será firme.

En marzo de hace dos años el Igape notificó a la patronal que había cargado al programa Pexga (Red de Plataformas Empresariales en el Exterior de Galicia) importes no previstos en el convenio en 2012, 2013 y 2014 (la mayor parte, durante la última fase de la legislatura de Antonio Fontenla), entre ellos de nóminas de personal adscrito a la CEG, reforma de oficinas en México DF o Bogotá o facturas de chóferes y hoteles en Moscú o París. "No se pueden aceptar por considerarse excesivos y muy superiores a los precios de mercado", refería la resolución del Igape. La suma de todos los conceptos cargados a fondos públicos de manera irregular, sobre todo por haber computado como ingresos las subvenciones, ascendía a cerca de 650.000 euros. La patronal gallega aceptó haber incurrido en irregularidades en facturas por 410.000 euros, pero llevó a la Xunta a los juzgados para defender que los otros 240.000 euros sí los había cargado al Pexga de forma legal.