El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto ley con el que elevará la base reguladora de la pensión de viudedad, del 52% al 56% para este año y hasta el 60% para el que viene. Se trata de un compromiso incluido ya en los Presupuestos Generales del Estado para 2018 y que beneficiará a casi 32.000 personas en Galicia (en su mayoría mujeres) y en torno a 465.000 en toda España. Son las que cumplen los tres requisitos fijados por una ley de 2011 que había quedado aparcada por motivos presupuestarios: tener una edad igual o superior a 65 años, no cobrar otra paga pública y no percibir otros ingresos por un trabajo. Las líneas rojas dejan fuera, eso sí, a siete de cada diez perceptoras de la paga de viudedad en Galicia, la más baja de España. La subida inmediata será del 7% y se cobrará en la pensión de agosto; la siguiente, de otro 7%, se abonará el próximo enero.
El alza de la base reguladora supondrá un aumento del gasto estimado de la Seguridad Social de 301,31 millones de euros (desde el 1 de agosto al 31 de diciembre de 2018) y de 1.381,73 millones de euros (a partir de 2019), según los cálculos del Ministerio de Trabajo. La intención del Gobierno, como expuso la ministra portavoz Isabel Celaá, es aplicar esta medida "a las viudas más pobres, que reúnen unos requisitos que les hacen acreedoras de que el Estado les haga trato especial". Es un alza que se desembolsará a mayores de la subida general para las pensiones, del 1,35% con efectos retroactivos.
El Ejecutivo aprobó también ayer la relajación de los objetivos de déficit para el periodo 2019-2021, así como el límite de gasto no financiero para el próximo año, conocido como techo de gasto, que subirá un 4,4%, en 5.500 millones, hasta los 125.064 millones. Los nuevos objetivos de déficit público serán del 1,8% del PIB en 2019, del 1,1% en 2020 y del 0,4% en 2021, con lo que se relajan los objetivos previstos anteriormente (1,3% en 2019, 0,5% en 2020 y 0,1% en 2021).
Cumplimiento sin ajustes
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, subrayó que, con la nueva senda, la inercia de la economía española "podría dar cumplimiento a los objetivos de estabilidad sin la necesidad de llevar a cabo ajustes adicionales".
Montero apuntó que de esta nueva senda se beneficiarán mayoritariamente las comunidades autónomas y la Seguridad Social. En concreto, de las cinco décimas en las que se amplía el objetivo de déficit para 2019, una será para la Administración central, dos para las comunidades autónomas y otras dos para la Seguridad Social. En total, estas cinco décimas conllevarán un aumento de los recursos de 6.000 millones de euros: 2.500 millones para las autonomías, 2.500 millones para Seguridad Social y 1.000 millones para el Gobierno central.
