El naval gallego despidió 2017 con 16 nuevos contratos por 504 millones de euros. Se encaramó al podio de la industria en toda la eurozona con pedidos como el crucero de ultralujo de Hijos de J. Barreras, los tres oceanográficos de Freire Shipyard o los siete pesqueros de Armón (Vigo y Burela) para Nueva Pescanova. Empapó de horas de trabajo el dique seco en el que había encallado entre 2011 y 2014. Dejó atrás la crisis. Y así está decidido a continuar pese al revés judicial con el que tuvo que celebrar el Día de Galicia. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ordenó ayer volver a juzgar la legalidad del antiguo sistema de arrendamiento fiscal ( tax lease) utilizado por astilleros españoles para la contratación de barcos hasta 2011. Lo hizo después de que el Tribunal General, en diciembre de 2015, diese la razón a la industria española y ratificase que nunca existió una ayuda de Estado y que el naval no había entorpecido la libre competencia en Europa. Para la sala segunda del TJUE, presidida por Marko Ile?ic, existen dudas.

Por eso el litigio volverá al punto de partida, en 2015, aunque el viejo tax lease ya no existe y el nuevo sistema de arrendamiento fiscal sea "perfectamente legal y esté avalado tanto por el Tribunal General y el Tribunal de Justicia", apostillaron fuentes de Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión (Pymar), que agrupa al grueso del naval privado de España. "Tenemos que dar ese mensaje de tranquilidad; vamos a seguir peleando porque esta sentencia no es definitiva", indican. "Calma y sosiego para todos los proyectos que se están desarrollando y que vamos a ejecutar en el futuro", defendió el secretario general de la patronal metalúrgica Asime, Enrique Mallón. Fue el mismo mensaje que trasladaron Xunta y Gobierno vasco: no puede haber nada de incertidumbre, "no debe afectar a la buena imagen" del naval español y de Galicia. Lo que el sector teme ahora es que este pronunciamiento sea "utilizado" por parte de competidores para "crear un estado reputacional" negativo.

La Comisión Europea pedía a la Sala en su recurso que el caso volviese al Tribunal General, que anulase la sentencia de 2015 y condenase en costas a los demandantes (Reino de España, Lico Leasing, Pymar, Aluminios Cortizo, Abanca o Bankia); admitió los dos primeros puntos. Sobre lo que no se han pronunciado los jueces -y así lo han incluido textualmente- es sobre la recuperación de las "ayudas" que habrían percibido inversores, astilleros y navieras. "No afecta a esta conclusión la decisión de la Comisión de ordenar la recuperación de las ayudas incompatibles únicamente de los inversores de las AIE [Agrupaciones de Interés Económico], sobre cuya legalidad no ha de pronunciarse el Tribunal de Justicia en el marco del presente recurso". "No hay ningún riesgo para los astilleros, no tendrán que devolver nada pase lo que pase", enfatizaron ayer a este respecto tanto directivos del sector como Pymar.

Uno de los puntos principales del litigio era la "selectividad" del viejo tax lease: para España cualquier inversor podía participar en el sistema de arrendamiento, así que por lo tanto no era excluyente; para Bruselas, lo contrario. Y esto ha fallado Luxemburgo: "El Tribunal General incurrió en error de derecho al considerar que las ventajas obtenidas por los inversores no podían considerarse selectivas por poder participar en ellas, en las mismas condiciones, cualquier empresa sin distinción", pero no examinó si existía un tratamiento diferencial entre los socios.

Sobre la existencia o no de una ayuda de Estado, el TJUE considera que "no es necesario acreditar la incidencia real de la ayuda sobre los intercambios comerciales entre los estados miembros y el falseamiento efectivo de la competencia, sino únicamente examinar si tal ayuda puede afectar a dichos intercambios y falsear la competencia". Ha entendido el tribunal que Bruselas sí había razonado "las razones por las que consideró que las ventajas [...] eran selectivas y podían afectar a los intercambios entre los estados miembros y falsear la competencia". No las valora, eso tendrá que ser juzgado de nuevo.