La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto sanciones por un importe total de 29,9 millones de euros a once empresas por crear un cártel en el suministro de servicios de informática y tratamiento de datos a la Administración Pública. El organismo remarca que esta trama empresarial se repartió durante un periodo de 15 años los clientes, pactó los precios y las condiciones comerciales, e intercambió información comercial sensible con el fin de encarecer la contratación pública de servicios informáticos.

Se trata del primer caso resuelto gracias a la campaña contra el fraude en la contratación pública que lanzó hace año y medio. Tras las investigaciones iniciadas tras una denuncia el 8 de marzo de 2015 y una vista pública con las empresas implicadas, considera acreditada una infracción muy grave de los artículos 1 de la Ley 15/2007 y 101 del Tratado de Funcionamiento de la UE, constitutiva de cártel.

Las empresas involucradas operaban en todo el territorio nacional ofreciendo servicios de informática y de tratamiento de datos, desde consultores en la instalación de equipos informáticos y aplicación de programas, hasta servicios de preparación de datos para su tratamiento y servicios de bases de datos. En la mayoría de los casos estos contratos conllevan la integración física de personal de las empresas incoadas o de sus subcontratas en las plantillas de los clientes como personal de apoyo. Entre los organismos afectados por el fraude se encuentran la Agencia Tributaria, la gerencia de informática de la Seguridad Social, y el Servicio Público de Empleo (SEPE), entre otras.

En el reparto del mercado participó un grupo de nueve empresas con distintos grados de responsabilidad: Atos (5 millones de euros) Connectis (1,8 millones de euros), IBM (940.000 euros), Everis (800.000), Babel (633.917), Cibernos (616.038), Gesein (320.969), Accenture (300.000) y Next (46.760 euros). A esta lista hay que sumar otras tres empresas para las que no existen pruebas suficientes.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia recuerda que contra esta resolución no cabe recurso administrativo, pudiendo interponerse un contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional.