08 de agosto de 2018
08.08.2018

Los afectados del Popular exigen compensación y culpan a Bruselas

Los accionistas perjudicados, unos 50.000 de ellos gallegos, muestran su confianza en que los tribunales les den la razón

08.08.2018 | 00:47
Una oficina del Banco Popular tras la integración en el Santander.

Los afectados por la resolución del Banco Popular redoblan su tono contra la Junta Única de Resolución (JUR), después de que la institución anunciase el lunes anunció que no indemnizará a los acciones de la entidad ahora en manos del Santander. Los bufetes de abogados gallegos que llevan la causa critican la decisión de la JUR, a la que culpan de la caída del Popular, y confían en que los ahorradores reciban su compensación por otras vías.

"Llama la atención que encarguen otro informe a Deloitte para que diga que no fueron los responsables, pero que sigan sin aportar el informe preliminar del 2017, el de antes de la caída", explica Pablo Guijarro, del despacho Gándara Moure. El abogado cuestiona que se haya elegido a Deloitte y no a otra firma para la elaboración de este nuevo informe y arremete contra la JUR al entender que sus acciones precipitaron la caída del banco. "La fuga de depósitos del Popular se aceleró con las declaraciones de la propia presidenta de la JUR, que quince días antes de la resolución decía que seguían de cerca la evolución del banco", lamenta Guijarro.

Pese a la decisión tomada por la JUR el lunes, los propietarios de acciones y deuda subordinada del Banco Popular en el momento de la caída todavía mantienen abiertas sus opciones para recuperar su inversión. Y es que de este organismo depende, en parte, una de las tres vías que los afectados tienen para exigir una compensación: la administrativa. Estas puertas no se cierran para los afectados, que todavía cuentan con el comodín de recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). "Tiene la última palabra para decidir si la JUR cumplió o no con el procedimiento", aclara el abogado de Gándara Moure.

También permanecen intactas las opciones de recuperar la inversión por las otras dos vías. "Una de ellas es la civil para aquellos particulares que aleguen vicio de consentimiento al demostrar que los datos económicos que ofrecía el banco estaban adulterados", añade Jaime Carrera, de Baltar Abogados. El experto hace referencia a la oleada de sentencias de tribunales que ya han obligado a indemnizar a accionistas que acudieron a la ampliación de capital del Banco Popular del año 2016 al entender que la información que ofrecía la entidad sobre su situación financiera no se correspondía con la realidad.

La última opción se encuentra en la Audiencia Nacional. Se trata del proceso penal que investiga a las excúpulas del banco en el momento de la ampliación de capital y de la resolución por presunta falsedad societaria, administración desleal, apropiación indebida y delitos contra el mercado y los consumidores.

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David Galán, responderá a los lectores de LA OPINIÓN A CORUÑA sobre todo lo relativo a los mercados financieros y la Bolsa. David Galán es director de Renta Variable en Bolsa General y director del programa de Análisis Bursátil de la Escuela de Finanzas, colaborador de XTB, mayor bróker ´online´ de Europa.

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