Grecia se libera hoy del corsé de los rescates y abre una nueva etapa en la que deberá financiarse por si misma, podrá tomar las riendas de su política económica, pero a la vez deberá permanecer en la senda de la austeridad presupuestaria durante más de cuatro décadas. Tras ocho años bajo la tutela de los acreedores, seguirá sujeta hasta 2022 a una estrecha vigilancia, y cada tres meses deberá rendir cuentas de su situación financiera, en lugar de hacerlo de forma semestral como ocurrió con los otros países que se acogieron a un rescate.

El desembolso hace dos semanas de 15.000 millones de euros fue el último tramo del tercer rescate y el país cuenta ahora con un colchón efectivo de unos 24.000 millones que deberá servir para, en caso de necesidad, cubrir sus necesidades financieras durante 22 meses. Si bien la intención del Gobierno de Alexis Tsipras es salir cuanto antes a los mercados, después de la crisis italiana y la actual en Turquía el bono a diez años no logra situarse por debajo del 4 %, un nivel que encarece mucho la financiación a través de los mercados.

Las agencias de calificación no ven todavía al bono heleno en grado de inversión, a pesar de que todos, políticos y economistas, se deshacen en elogios sobre los esfuerzos fiscales -sin parangón en la UE- que ha hecho el país. Desde la firma del primer programa de asistencia en 2010 -en total las instituciones acreedoras han desembolsado 288.700 millones de euros- Grecia ha perdido el 25% de su producto interior bruto (PIB) y la deuda se ha disparado del 127% a casi el 180% del mismo. Al mismo tiempo ha vivido un éxodo de su población joven, y más de medio millón de griegos abandonaron el país en busca de mejores oportunidades en el extranjero, una sangría importante en un país que ahora pretende levantarse de las cenizas y necesita capital humano para ello.

Levantar el país no será fácil, teniendo en cuenta que el Gobierno se ha comprometido a generar superávit primarios del 3,5% hasta 2022, y del 2,2% de media hasta nada menos que 2060. Aun así, hay datos económicos positivos: en mayo el paro bajó al 19,5% situándose por primera vez por debajo del 20% desde septiembre de 2011; en los ocho años bajo programas de asistencia, el país pasó de la recesión (el PIB cayó un 5,5% en 2010) al crecimiento (1,4% en 2017) y del déficit (11,2%) al superávit (0,8%).

A pesar de todo, la población no nota que su vida esté cambiando a mejor, lo que no extraña si se tiene en cuenta que el empleo creado es en buena parte a tiempo parcial, y que cada vez mas gente tiene que vivir del salario mínimo de 586 euros mensuales. Los jubilados, hasta hace poco el sostén de muchas familias, perdieron alrededor del 40% de sus ingresos y las prestaciones deberán sufrir un nuevo tijeretazo a partir del próximo año.