El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ya había impuesto una fianza de 80 millones de euros a la antigua cúpula de Caixanova y el propietario de Promalar, Juan Lago, al que la entidad concedió varios préstamos para reflotar la conservera quebrada en el marco del caso Alfageme. No hay ni un solo matiz en su hipótesis respecto a su planteamiento inicial tras toda la investigación y cierra la instrucción asumiendo la tesis de la Fiscalía Anticorrupción, salvo por la decisión de sobreseer provisionalmente las causas contra dos de los antiguos directivos, Domingo González Mera y José Benito Varela Fernández. Al resto, un total de 10, con Lago a la cabeza y, entre otros, el expresidente, Julio Fernández Gayoso, y el que fue director general, José Luis Pego, y el responsable de empresas, Gregorio Gorriarán, les imputa un delito de administración desleal o de apropiación indebida y otro de blanqueo de capitales. El supuesto perjuicio creado a la vieja caja sigue siendo el mismo, esos 80 millones de euros.

El juez considera que existen indicios suficientes de la existencia de un presunto plan de los altos cargos de Caixanova para beneficiar a los accionistas de Bernardo Alfageme en 2005, entre los que estaba el fallecido Guillermo Alonso Jáudenes, que fue consejero de la caja. Gorriarán habría entrado en contacto con Juan Lago para que se hiciera cargo de la compañía con el compromiso de concederle la financiación suficiente para sacarla del agujero en el que estaba. De los cuatro créditos concedidos, De la Mata pone el foco en tres por un importe de 80 millones, alrededor "de los que se simularon contratos que ocultaban la verdadera naturaleza y finalidad" de las operaciones, "que era beneficiar a Lago Pérez y a los accionistas de Bernardo Alfageme", dice en la resolución publicada ayer. De ella, al menos parte de los imputados no tenían una copia.

En el caso de los préstamos hipotecarios, las garantías entregadas fueron terrenos con una valoración en 2005 que, según el magistrado, era "190 veces" su precio real en 2010, y condicionadas al desarrollo de planes urbanísticos.