El juzgado de Primera Instancia número 5 de A Coruña acaba de dictar la primera sentencia en la provincia que anula una compra de acciones del Popular correspondientes a la ampliación de capital de 2.500 millones que realizó el banco en 2016. La jueza condena a la entidad, ahora propiedad del Santander, a devolver a dos clientes el dinero invertido (4.225 euros) más intereses por no facilitar en su momento información veraz al mercado.
La sentencia expone que la contradicción entre la nota de valores y la situación real de la entidad fue "lo que llevó a los accionistas a suscribir las acciones con un vicio invalidante en el consentimiento", por lo que declara nula la compra.
El abogado de la acusación, Xosé Antón Pérez-Lema, anunció que recurrirá la sentencia ante la Audiencia Provincial para reclamar que el Popular asuma también las costas del juicio. Por el momento la jueza las ha impuesto a los demandantes dadas las "dudas de hecho y de derecho" y la "existencia de resoluciones contradictorias".
En marzo, un juzgado de Oviedo dictó la primera sentencia en España que anulaba la compra de acciones de la ampliación de capital del Popular y poco después un juzgado de Vigo resolvió en el mismo sentido por primera vez en Galicia. En ambos casos, así como en la sentencia que confirma la misma línea en A Coruña, los jueces entienden que Banco Popular -que absorbió el Pastor en 2012- facilitaba información irreal para su ampliación de capital de 2016 -a la que se vieron forzados a acudir numerosos accionistas procedentes de Pastor-, por lo que los inversores no pudieron prever la resolución de la entidad un año después, con la consecuente pérdida de dinero.
Requerimiento al Santander
Mientras, la Audiencia Nacional acaba de instar por tercera vez al Santander a aportar toda la documentación sobre la compra del Popular que la entidad ya remitió al juzgado en junio de este año, pero "completa, traducida al castellano y sin tachaduras". En una diligencia fechada el 30 de agosto se hace eco de la petición del grupo de grandes fondos de inversión (Anchorage, Algebris, Pimco y Cairn Capital) que perdió más de 800 millones en la resolución del Popular.
La Audiencia también admitió a trámite una querella contra el ex director financiero del Popular, Javier Moreno Navarro, por su participación en la elaboración de las cuentas para la ampliación de capital.
