El Pleno del Congreso de los Diputados tumbó ayer una iniciativa del PP para reformar la Ley Eléctrica de forma que el Gobierno central dispusiera de nuevos mecanismos para frenar la clausura de térmicas de carbón, centrales nucleares u otras instalaciones eléctricas cuando estén en juego subidas del precio de la luz o la competencia en el mercado. Los votos en contra del PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos (C's), así como los del PNV y otras minorías, abortaron la tramitación de una propuesta legislativa que había sido pergeñada por el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy, con el respaldo de los gobiernos autonómicos de Asturias (PSOE) y Castilla y León (PP), en respuesta a los primeros anuncios de cierres: los que en 2017 hizo Iberdrola para achatarrar las térmicas de Lada, en Asturias, y Velilla del Río Carrión, en León, dentro de un proceso de descarbonización que amenaza el futuro de las dos térmicas gallegas: la de Meirama (Naturgy, antigua Gas Natural Fenosa), en Cerceda, y la de As Pontes (Endesa).
El desenlace de la votación impide la tramitación parlamentaria del citado cambio legal y en esa medida remueve los obstáculos que, en caso contrario, se encontrarían Iberdrola y el resto de las empresas propietarias al decidir los cierres. La reforma establecía la obligación de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) emitiera dictámenes previos para determinar si clausurar una central puede tener efectos significativamente desfavorables sobre los precios o sobre la competencia eléctrica. En la actualidad, la única condición legal es que no esté comprometida la garantía de suministro eléctrico. En base a los resultados de tales informes, el Gobierno podría en su caso denegar la autorización de cierre y forzar a la empresa a venderla o subastarla para preservar su continuidad.
En el debate de ayer en el Congreso no hubo aproximación alguna entre los principales grupos parlamentarios y la toma en consideración de la proposición de ley fue rechazada por 184 de los 322 diputados presentes. Únicamente votaron a favor los parlamentarios del PP y sus socios en el Grupo Mixto. Los diputados del PSOE, Unidos Podemos y C's que pertenecen a las comunidades con centrales térmicas de carbón mantuvieron la disciplina de sus grupos y votaron en contra. La única abstención correspondió a Coalición Canaria.
El parlamentario aragonés del PP José Alberto Herrero Bono alertó de que la supresión de las centrales de carbón y nucleares "supondría encarecer la luz más del 15% para los hogares y el 25% para las empresas". La extremeña María Pilar Lucio Carrasco fijó la posición del PSOE: "Esta proposición es un auténtico fiasco, un despropósito jurídico que tiene un objetivo extraparlamentario: generar confusión para ganar votos en territorios abandonados por el PP".
Plan territorial urgente
La ministra para Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció que su departamento, en colaboración con los de Empleo, Educación, Industria, Economía, Hacienda y Ciencia e Innovación, está diseñando un plan urgente para paliar los efectos de la transición energética en los territorios más afectados. Ribera confió en sumar a los gobiernos de las comunidades autónomas "para dar respuestas a cada una de esas zonas" -las áreas más afectadas por la descarbonización-. La ministra solicitó también el acompañamiento de sindicatos y empresarios para "activar una agenda económica e industrial". "Queremos trabajar en proyectos de reconversión bien diseñados e integrados en el desarrollo territorial, que garanticen empleo a medio y largo plazo", señaló Ribera.
La Ministra anunció como "herramienta fundamental" los denominados "contratos de transición" pactados con el mayor número de actores posibles, incluidos los ayuntamientos. Este tipo de contratos ya se utilizaron en países como Francia, Alemania y Reino Unido. "Necesitamos actuar ya", concluyó la ministra, que anunció que "la Ley de Transición Ecológica justa" llevará el sello de urgente para comarcas mineras y en las que existan centrales nucleares.
Además, Ribera recordó que, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por cada empleo que se pierda con la transición energética se crearán cuatro, aunque admitió que no todo el empleo generado se localizará en las mismas zonas que en las que se destruirán puestos de trabajo por lo que se requiere anticipación. En Galicia, un millar de puestos de trabajo directos dependen de las centrales térmicas de carbón de As Pontes y Meirama, ambas en la provincia coruñesa. La pontesa es la de mayor tamaño y ronda los 700 efectivos en su plantilla, por 200 en Cerceda.
