El Gobierno de Pedro Sánchez quiere paliar los efectos de la descarbonización en los lugares afectados como Galicia con los llamados "contratos de transición energética" puestos en marcha, principalmente, en Francia. Se trata de planes "hechos a medida" para cada territorio pactados por los gobiernos nacionales, regionales y locales; los agentes sociales; las organizaciones ciudadanas y, sobre todo, las empresas, para poner en marcha proyectos que permitan cumplir los objetivos de descarbonización al tiempo que se genera empleo alternativo. Dentro de ese marco, para el que hay disponibles fondos europeos, el Ministerio para la Transición Ecológica pretende que las eléctricas que cierren instalaciones como centrales de carbón se involucren en la puesta en marcha, en esas mismas zonas, de proyectos de energías verdes. Para favorecerlo el Gobierno daría, por ejemplo, ventajas a esos territorios en las próximas subastas de renovables, reservando paquetes de megavatios para ellos.

El Ministerio que dirige Teresa Ribera descarta un modelo de compensación similar al de los últimos planes de reactivación de las comarcas del carbón, los conocidos popularmente como fondos mineros. La ministra adelantó esta semana en Madrid que su departamento, junto a otros ministerios, ya trabaja en el diseño de un plan con "proyectos de reconversión bien diseñados, integrados en el desarrollo territorial y que garanticen empleo a medio y largo plazo". Ribera anunció como "herramienta fundamental" para lograrlo los "contratos de transición" pactados con el mayor número posible de actores e inspirados en los ya firmados en otros países europeos.

En la Francia de Emmanuel Macron 20 territorios ya están experimentando con esos contratos, según el Ministerio de Transición Ecológica y Solidaridad del país galo. Lo hacen bajo la fórmula de "tres meses de negociaciones, tres años de compromisos concretos y cuantificados y 30 años de impactos beneficiosos". El objetivo es transformar los territorios afectados por la descarbonización a partir de proyectos sostenibles y concretos que tengan a la ecología como motor.

Los contratos son voluntarios, pero deben involucrar a todos los actores del territorio, que tienen que acordar ese plan de acción que puede incluir proyectos en energías renovables, eficiencia energética, movilidad, economía circular, planificación urbana, biodiversidad? y que contarán con ayudas públicas si cumplen objetivos. Las partes en el contrato de transición ecológica deben comprometerse a obtener unos resultados concretos y cuantificables en toneladas de CO2 evitadas, puestos de trabajo creados, metros cuadrados de suelo recuperados? Para ello se realiza una evaluación periódica y sistemática de los proyectos.

Los planes del Gobierno

En una reciente conversación con este diario, el secretario de estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, destacó la experiencia en contratos de transición justa de Reino Unido, Alemania y, principalmente, de Francia y el interés del Gobierno de España de seguir esa senda, pero tratando de lograr un fuerte compromiso de las empresas energéticas que cierran centrales. "Lo que se pretende es comprometer no sólo a las administraciones sino a las empresas que llevan a cabo los procesos de transición para que no se produzcan deslocalizaciones allí donde se toman esas decisiones de cierre", señaló Morán, que añadió que el Gobierno "no puede impedir la toma de decisiones empresariales pero sí puede condicionarlas de forma que el tránsito de unas tecnologías convencionales a unas tecnologías entrantes limpias en buena medida se implemente sobre los territorios en los que ya están asentadas". Es decir, que si en un territorio cierra una central térmica de carbón y el efecto en la economía de la zona es notable se podrían articular medidas para que esa potencia de energía convencional se sustituya por renovables en la misma zona. "El Gobierno podría hacer que una parte de la totalidad de las subastas de renovables puedan ir a sustituir la potencia instalada en sus territorios afectados por la descarbonización, de tal manera que la potencia convencional se sustituya por renovable en la misma medida", destacó el secretario de Estado de Medio Ambiente.

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