Aunque el recibo de la luz no necesita mucha actualidad para estar en boca de todos, esta vez la comparecencia de la ministra para la Transición Ecológica en el Congreso de los Diputados para explicar, precisamente, los vaivenes de vértigo de los últimos días con el precio de la electricidad coincidían con un nuevo máximo anual. Con el megavatio disparado en casi 76 euros en el mercado mayorista. Desde que en agosto inició la senda alcista, Teresa Ribera mostró su disposición a tomar medidas urgentes, pero también a impulsar cambios estructurales que ayuden a aligerar la que es una de las mayores cargas del presupuesto de las familias. Lo más inmediato será suspender el impuesto del 7% sobre la generación creado por el anterior Ejecutivo del PP. Un tributo que el pasado año recaudó en España más de 1.400 millones de euros, casi 48 millones en Galicia. "Es la medida más adecuada y acertada para enviar una señal por parte del Gobierno y aliviar la factura del consumidor en un momento en que no puede ser él quien cargue con el peso", aseguró la ministra, que estima que la suspensión permitirá contener un 2% los precios.

La decisión se enmarca en un paquete de medidas que impulsará el Ejecutivo en "las próximas semanas" para afrontar esta espiral alcista del precio de la electricidad, entre las que también figuran la garantía de cobertura a los consumidores más vulnerables, mejorando el bono social eléctrico y creando un nuevo bono para calefacción.

Ribera subrayó la "clara voluntad" del Gobierno de abordar con seriedad la reforma estructural del mercado, asegurar señales fiscales coherentes y regular ordenadamente el almacenamiento para avanzar hacia un modelo energético distribuido, limpio, eficiente y digitalizado.

La ministra considera que el sistema actual del mercado eléctrico "no emite las señales adecuadas", conviviendo "lo viejo y lo nuevo" y mostrando "el inmenso coste" de las tecnologías fósiles, por lo que "se debe de actuar". Dentro de estas medidas para recuperar el "impacto positivo" que ejercen las energías renovables en el precio, Ribera planteó diferentes líneas de acción urgente, entre las que figuran solventar las barreras existentes al despliegue de renovables o facilitar los contratos bilaterales, los conocidos como PPA, para desplazar parte de la electricidad contratada en el mercado mayorista a la contratación bilateral a largo plazo de energía de fuentes renovables.

"España es uno de los pocos países europeos donde la mayor parte de la energía se obtiene en el mercado mayorista. Tenemos un largo recorrido en la potenciación de los contratos bilaterales", añadió. En esa misma línea va su apuesta por actuar con carácter preferente en materia de ahorro y eficiencia energética como, por ejemplo, incorporando nuevos criterios de eficiencia en la normativa de alumbrado público.

Respecto al autoconsumo, y en especial el autoconsumo compartido, Teresa Ribera defiende que se debe hacer hincapié en que sea una realidad que reduzca la factura eléctrica porque el sistema fotovoltaico produce a un precio inferior que la tarifa del consumidor final. "No podemos seguir improvisando y poniendo parches incompatibles con los objetivos de descarbonización a medio y largo plazo, generando expectativas que no se cumplen y que nos acaban pasando factura", afirmó la responsable del departamento de Transición Ecológica, lo que apunta a una eliminación del polémico impuesto al sol, aunque sin especificar de qué manera o cuándo se hará.

El Ejecutivo elaborará una Estrategia Nacional de Lucha Contra la Pobreza Energética en los próximos seis meses para disponer de un marco de actuación a medio plazo. En este marco, se propondrán medidas concretas para proteger al consumidor doméstico que tendrán como objetivo evitar gastos innecesarios derivados de tener contratada una potencia superior al consumo real, mejorar la información a los ciudadanos y fomentar la cultura energética, entre otros aspectos.

Por su parte, el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha recomendado al Gobierno establecer un tipo de IVA reducido a la luz y disminuir la parte fija de la factura como medidas para combatir la espiral alcista de la electricidad. En el caso del IVA reducido, considera que se debe aplicar ya que la electricidad es un bien de "primera necesidad que no se beneficia del tipo reducido de IVA que sí acompaña a otro tipo de productos básicos". Sobre la parte fija de la factura, señala que cargar costes fijos en la factura eléctrica dificulta el ahorro, "supone un lastre a la competitividad de las empresas españolas y, además, es poco equitativo, pues no se tiene en cuenta la capacidad de pago del consumidor en un bien de primera necesidad".

A través de un comunicado, el Defensor del Pueblo, Fernández Marugán, reitera la necesidad de proteger a los consumidores, especialmente a los vulnerables, antes las continuas y recientes subidas de la luz.