La fórmula para conciliar la demanda social de la revalorización de las pensiones y la garantía del mantenimiento del poder adquisitivo de las prestaciones con el control del déficit público y la sostenibilidad financiera del sistema sigue resistiéndose. La comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, que tenía previsto anunciar ayer su propuesta para la revalorización futura de las pensiones, aplazó su reunión a la vista de la ausencia de consenso, la presentación de nuevas enmiendas y una propuesta alternativa por varios de los grupos políticos, y el deseo de varios partidos de seguir negociando de forma discreta, en la convicción -defendieron- de que es más factible el acuerdo en pequeños círculos que en el seno de la comisión en pleno.

Los contactos prosiguieron a varias bandas mientras en la calle un grupo de pensionistas se manifestaba ante el Congreso en exigencia de que la revalorización siga vinculada al índice de precios de consumo (IPC), como estuvo garantizado entre 1997 y 2013.

En la concentración hubo momentos de tensión cuando parte de los manifestantes derribaron algunas vallas que impedían el acceso al Parlamento, lo que motivó que los antidisturbios formaran cordones de contención y forcejearan con quienes protestaban, aunque no hubo carga policial. El dirigente de Podemos, Pablo Iglesias, se sumó a los pensionistas y declaró: "No se les puede tratar a empujones".

La suspensión y aplazamiento de la sesión se produjo al mismo tiempo que en la Cámara baja la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, proclamó que el Gobierno no hará ninguna ley que establezca una fórmula de revalorización de manera "unilateral" ya que la norma legal que se presente, señaló, debe emanar de los acuerdos del Pacto de Toledo y del diálogo social.