La gran industria gallega está en vilo por el bloqueo de unas ayudas de 150 millones de euros que el anterior Gobierno del PP había incluido en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 y que el PSOE asumió cuando llegó al Ejecutivo. Las subvenciones tienen como objetivo compensar a las llamadas empresas electrointensivas -en Galicia están asentadas algunas como Alcoa, Ferroatlántica, Megasa o Celsa- por los costes indirectos de sus emisiones de CO2. Empresas y sindicatos ya reclamaron en las últimas semanas la puesta en marcha de estas subvenciones, que podrían suponer un importante bálsamo para estas compañías, para las que la factura eléctrica llega a suponer el 45% de sus costes.
La situación es todavía más crítica en la actualidad, con niveles récord de los precios de la electricidad en el mercado mayorista en lo que va de año, lo que complica la rentabilidad y la competitividad de estas industrias respecto a sus competidoras europeas. El precio medio de la electricidad para hoy alcanzó ayer en el mercado mayorista el segundo precio más alto del año, 75,92 euros el megavatio hora (MWh), con lo que rozó el máximo anual que se registró el 19 de septiembre, de 75,93 euros el MWh. La electricidad será hoy un 3,8% más cara que ayer, cuando alcanzó los 73,12 euros el MWh.
El problema, según fuentes conocedoras de la situación de estas empresas, parece estar en la cuantía total de las ayudas. Las grandes multinacionales tenían sus esperanzas puestas en estas subvenciones para paliar la merma de los bonus eléctricos que reciben por desenchufarse de la red en caso de necesidad, unas bonificaciones de interrumpibilidad que se reparten mediante un sistema de subasta. Ahora esperan poder llevarse un buen pellizco de esos 150 millones que permanecen bloqueados.
Las subvenciones están incluidas dentro de los Presupuestos Generales de 2018 a raíz de una enmienda que negociaron en su momento el PP y Foro Asturias y la propia Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía (AEGE, la patronal que agrupa a la gran industria) ya reclamó el pasado día 19 "la aplicación de las medidas compensatorias incluidas en los PGE de 2018 por costes adicionales incurridos por las industrias electrointensivas".
Esta asociación de empresas denunció en mayo que las primas que recibe el sector en compensación por la interrumpibilidad cayeron un 40% respecto a ejercicio anteriores, por lo que calificó de vitales otras medidas complementarias de apoyo a la industria. De momento esas ayudas no han llegado.
Pero las incertidumbres sobre el futuro de la industria no acaban con esa partida destinada a compensar los costes indirectos de las emisiones de CO2 emisiones de CO2. Red Eléctrica de España (REE, la firma semipública que opera el sistema eléctrico español) ya inició los trámites para la celebración de la subasta de los incentivos por interrumpibilidad de la temporada eléctrica 2019. La gran industria, sin embargo, desconoce las características que tendrá esa nueva puja y si perderá peso respecto a las de ejercicios anteriores, complementándose con otras partidas -como planeaba el anterior Gobierno del PP-, o si seguirá la línea de las anteriores.
Alcoa ya dejó entrever en mayo que los incentivos que recibió en la última subasta imposibilitan que las fábricas que tiene en A Coruña y Avilés (Asturias), con 400 empleados cada una, sean rentables. Una situación que se complica con las últimas subidas de la luz que, según la aluminera, inciden "de forma significativa en su competitividad".
Los trabajadores de otras empresas como Megasa o Celsa también denuncian que el actual nivel de precios de la energía deja en una situación "más difícil" a las fábricas gallegas.
