El cierre de las dos centrales térmicas de carbón de Galicia -la de As Pontes y la de Meirama (Cerceda)- supondría la pérdida de centenares de empleos en la comunidad, tanto directos como indirectos. El fin de la actividad de estas dos plantas de generación eléctrica -derivado de los planes del Gobierno de descarbonización de la economía- provocaría solo en el sector del transporte la destrucción de 150 empleos dependientes del carbón pues son otros tantos los camiones que se encargan de llevar el mineral a las dos centrales coruñesas.

Este es el balance del impacto del cierre de las térmicas en el sector gallego del transporte, pero la clausura de las plantas de carbón también afectaría a otras comunidades. Asociaciones de transportistas de Galicia, Asturias, Castilla y León y Aragón denunciaron ayer en Zaragoza que clausurar las centrales que queman este mineral derivará en la pérdida de hasta un millar de empleos en las cuatro comunidades: 150 tanto en Galicia como en Aragón, unos 300 en Asturias y alrededor de 350 en Castilla y León. Según detalló la agencia Efe, los profesionales del transporte de mercancías -Fegatramer por parte de Galicia, Asetra-CETM por Asturias, FET Aragón y Fetracal por Castilla y León- mostraron su "profunda preocupación" ante la posición favorable del Gobierno a cerrar las térmicas.

El sector denuncia que la medida provocaría "graves problemas laborales, ante las escasas salidas de trabajo en unas zonas ya desindustrializadas" y derivaría en "la desaparición de una rama especializada del transporte de carbón, con unos vehículos muy específicos y de difícil reconversión".

Análisis de las consecuencias

Por ello, los transportistas instan a sopesar "todas las consecuencias para todos los sectores afectados" y a tener en cuenta "todos los puestos de trabajo que se perderían y el daño social y económico que se provocaría". Al mismo tiempo, piden al Gobierno de Pedro Sánchez que proponga fórmulas que permitan reconvertir los vehículos de transporte de carbón, "con unas características muy específicas que imposibilitan su actividad en otros sectores".

Las organizaciones del transporte recordaron además que el sector aporta más de 12.000 millones de euros al año a las arcas del Estado "sin obtener una respuesta adecuada a su potencial, lo que lleva a un deterioro del sector que no se puede consentir".