El juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ha empezado a recibir los escritos de defensa de los imputados por su presunta responsabilidad en la quiebra de Pescanova SA, que en 2013 entró en concurso de acreedores con un pasivo superior a los 3.500 millones de euros. Excepto si se produce una -improbable- desimputación, serán 19 personas físicas y once jurídicas las que deberán sentarse en el banquillo para un juicio que, según fuentes jurídicas, no se espera hasta bien entrado 2019. De momento han sido tres altos exdirectivos, un exconsejero y Mapfre -aseguradora de la responsabilidad civil de la auditora BDO- los que han presentado al juez José de la Mata sus escritos de defensa. Ninguno de los investigados -aseguran- conocía las presuntas prácticas irregulares que la pesquera utilizó para lograr financiación bancaria, primero, y ocultar su estado de quiebra técnica, después.
Uno de los que ha remitido ya su escrito de defensa es Fernando Fernández de Sousa, hermano del expresidente de la compañía y consejero entre al menos 1993 -no están disponibles las cuentas anuales anteriores a esa fecha en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)- y septiembre de 2013. Las ausencias de Fernando Fernández a las reuniones del consejo eran habituales al residir fuera de España. De hecho el expresidente del grupo -y principal acusado en esta instrucción- forzó el viaje a la sede de la firma de este hermano, lesionado tras un accidente deportivo, en plena crisis preconcursal; sin él no tenía garantizada la mayoría en el consejo de administración.
El letrado de este exconsejero, Jacobo Teijelo, acusa al juez instructor de haber ejecutado el "sesgo del francotirador" durante la investigación y en el auto de apertura de juicio oral. La pertenencia de Fernando Fernández de Sousa al comité de auditoría y al consejo de Pescanova -dice- "no le hace per se autor de alteración alguna". "Atribuirle algún tipo de responsabilidad por no detectar la información alterada sería pedirle ejercer a él mismo de auditor", y recalca el "absoluto desconocimiento" de las prácticas irregulares. "Al parecer -añade sobre la red de empresas instrumentales- Fernández de Sousa debió verificar personalmente la existencia real de empleados. Sorprende, entonces, que no se exija la misma diligencia a las entidades financieras [?] para asegurarse de la realidad de la actividad de sus clientes". El letrado ha solicitado la libre absolución de su representado, así como la declaración como testigos de 33 personas. Entre ellos figuran José María Núñez, ahora director general de Fandicosta; el exconsejero Jesús García, exonerado durante la investigación; los exconsejeros díscolos José Carceller (Damm), François Tesch (Luxempart) y Yago Méndez Pascual; el exconsejero y expresidente de Banesto, Antonio Basagoiti; o el antiguo secretario del consejo, César Mata. A Fernando Fernández de Sousa se le acusa de un delito continuado de falseamiento de cuentas anuales, delito de falseamiento de información económica y financiera e insolvencia punible. En total, once años y medio de prisión, multa de 432.000 euros y más de dos millones de euros por responsabilidad civil, de forma solidaria con otros imputados.
El papel de BDO
BDO ha sido imputada por delito de falseamiento de información económica y financiera, con una multa de 960.000 euros y un desembolso en concepto de responsabilidad civil (también solidario) de más de 200 millones de euros. Eso sí, en el auto de apertura de juicio oral el magistrado De la Mata requirió a la aseguradora Mapfre al desembolso directo de una fianza por importe de 36,45 millones para la "cobertura de los daños provocados en el ejercicio de la actividad profesional" tanto de BDO como de su socio director Santiago Sañé. Y Mapfre ha limitado la cobertura a menos de la mitad de ese importe: 16 millones de euros.
En primer lugar porque -sostiene- el "máximo de indemnización por siniestro" que figura en la póliza de BDO es de esa cantidad, "debiendo ser éste el límite de la reclamación de responsabilidad civil que se puede dirigir frente a Mapfre". El escrito de defensa de la aseguradora argumenta en todo caso que la conducta de BDO y Sañé "en absoluto son constitutivas de delito alguno" porque "debería acreditarse que existió alguna suerte de connivencia entre auditores y administradores" de Pescanova SA. A renglón seguido Mapfre concreta que "las reclamaciones derivadas de actos intencionados o dolosos" están excluidas de una póliza litigiosa, como es el caso. "Estos delitos son de comisión necesariamente dolosa, el procedimiento criminal que nos ocupa carecería de póliza". Mapfre ha solicitado en su escrito de defensa que no se le declare responsable civil directo.
Uno de los imputados que más ha trabajado su escrito de defensa ha sido Antonio Táboas, ex director financiero y jubilado el 1 de enero de 2013, que ha presentado un informe de Hispania Alfa Completeness en el que trata de desacreditar el informe forensic de KPMG. "El trabajo realizado por KPMG en relación con estas presuntas irregularidades [créditos documentarios], es poco riguroso, nada analítico y de carácter superficial y ligero", reza el informe, de 140 páginas y que incluye un extracto de la deuda de Pescanova en base a los datos del Cirbe a 1 de enero de 2013. El ex responsable de Contabilidad, Ángel González, se ha definido en su escrito de defensa como una persona "irrelevante en la toma de decisiones estratégicas"; José Manuel Gil, del departamento Financiero, ha reiterado -como los demás- su desconocimiento de las prácticas que precipitaron la mayor quiebra no inmobiliaria de la historia empresarial española.
