La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acordó la apertura de un expediente sancionador por prácticas restrictivas de la competencia a las constructoras Acciona, Corsán-Corviam, Dragados, FCC Construcción, Ferrovial Agromán, Obrascón Huarte Lain y Sacyr. Las prácticas prohibidas habrían consistido en acuerdos e intercambios de información entre las empresas con el objeto de restringir la competencia en las licitaciones convocadas por las distintas administraciones públicas en España para la construcción y rehabilitación de infraestructuras y edificios, desde líneas de AVE a colegios, pasando por depuradoras, hospitales o urbanización de terrenos. La documentación del caso señala que las prácticas anticompetitivas que se investigan se iniciaron hace 17 años y se extienden hasta la actualidad por todo el territorio nacional.

El expediente sancionador tiene su origen en documentación encontrada durante la instrucción de otro expediente y que no tenía relación directa con el caso. Se trata de varios correos electrónicos que llevaban adjuntos archivos en los que se recogía el resultado de reuniones semanales entre las constructoras Acciona, Corsán-Corviam, Dragados, FCC Construcción, Ferrovial Agromán, Obrascón Huarte Lain y Sacyr y en los que se autodenominaban el "G7". En ellos discutían todas las licitaciones de elevado importe (generalmente por encima de los dos millones de euros) que las administraciones públicas habían sacado a licitación en la semana previa a la reunión (aproximadamente 80). Según la CNMC, a partir de ese intercambio de información las grandes constructoras "decidían con carácter semanal si contrataban conjuntamente los distintos aspectos que incluía la oferta técnica de las licitaciones".

De esta forma, según el superregulador, sopesaban si concurrían conjuntamente a distintos aspectos técnicos de los proyectos. Prácticas que, en su opinión, suponen la conformación de un cártel para acuerdos e intercambios de información entre empresas con el fin de restringir la competencia.

La investigación de los cárteles constituye uno de los principales objetivos del organismo presidido por José María Marín Quemada, al considerar que presentan "graves consecuencias" para los consumidores y el correcto funcionamiento de los mercados. No obstante, la comisión recuerda que a partir de ahora se inicia un periodo máximo de 18 meses para instruir el expediente, pues la apertura de una investigación no prejuzga el resultado final.

Fuentes de Ferrovial indicaron a Europa Press que su participación en los hechos investigados "no infringe la legislación sobre competencia". La misma explicación que da Acciona, que actuó "en todo momento dentro de la legalidad", con lo que manifestó su confianza en que el expediente se "se archive sin mayores consecuencias".

Las grandes constructoras se enfrentan a este expediente después de que algunas de ellas estén también incluidas en el expediente sobre el denominado "cártel de las basuras" que la CNMC decidió reabrir el pasado mes de mayo después de que la Audiencia Nacional anulara la resolución que dictó en 2015 por la que impuso una histórica multa de 98 millones. En este caso, el primero de una reapertura de un expediente, la investigación afecta a 51 compañías.