Las medidas urgentes aprobadas el pasado viernes por el Gobierno central con el propósito de contener los precios de la electricidad han disparado la tensión política entre algunos Gobiernos autonómicos -especialmente los que cuentan en su territorio con centrales térmicas de carbón e industria electrointensiva, como es el caso de Galicia- y el Ministerio para la Transición Ecológica de Teresa Ribera. Las comunidades descontentas están en desacuerdo con un decreto que, junto a otros cambios, incluye dos que comprometen intereses de la industria gallega: por un lado, un trato fiscal diferenciado para las centrales de gas que añade dificultades a la continuidad de las térmicas de carbón; por otro, la confirmación de un cambio en la tarifa industrial que abarata los costes energéticos de cientos de empresas vascas, a menudo competidoras de las de Galicia.
Puede decirse que, con el llamado "Real Decreto-Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores", el citado Ministerio para la Transición Ecológica empieza a poner negro sobre blanco, en la regulación del sistema eléctrico, su apuesta por acelerar el cambio hacia una dieta baja en emisiones de dióxido de carbono (CO2) y de hacerlo reduciendo el funcionamiento de las térmicas de carbón, con una importante aportación en el sector generador gallego. La central de As Pontes, propiedad de Endesa, es una de las mayores y más eficientes de España y a ella se suma la de Meirama (Cerceda), dependiente de Naturgy, la antigua Gas Natural Fenosa. Entre las dos suman centenares de empleos vinculados a su actividad. El instrumento utilizado ahora por el Gobierno para reducir su peso en la dieta energética es la fiscalidad.
EEl 'céntimo verde'. El decreto, pendiente de convalidación en el Congreso de los Diputados, incluye, en un intento por frenar la escalada de la luz de este año, la suspensión por seis meses del impuesto que grava la generación eléctrica con el equivalente al 7% del valor de la producción. Es un tributo que las compañías repercuten en los precios. Ese cambio alcanza a todas las tecnologías, pero no ocurre igual con otra medida tributaria. Con el mismo objetivo, se exime a las centrales generadoras de pagar el impuesto especial de hidrocarburos por el uso del gas natural (el llamado céntimo verde), un recorte de costes que favorece básicamente a las centrales de ciclo combinado. En cambio, se mantiene el impuesto especial sobre el carbón que grava los consumos en las térmicas. Esa diferencia de trato permite que las centrales de gas puedan ganar posiciones en el mercado del kilotavio frente a las térmicas, lastradas además por el aumento de la cotización de los derechos para emitir CO2 (bonos que las eléctricas deben adquirir en una especia de Bolsa).
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Esta apuesta por el gas frente al carbón -singularmente beneficiosa para Naturgy e Iberdrola, las eléctricas con más ciclos combinados- suscitó en los últimos días críticas de los sindicatos y desde el ámbito político al entender que la retirada del céntimo verde sobre el gas y no sobre el carbón supone una pérdida de competitividad "al repercutir en un mayor coste para el carbón".
EEl voltaje vasco. El trato preferente a las centrales de gas eleva el voltaje de las diferencias que algunas comunidades -caso de Asturias, pese a contar con un Ejecutivo socialista, o Castilla y León- mantienen con el Gobierno central para exigir una transición energética gradual que no acelere el cierre de las térmicas de carbón. A esa tensión se añade la provocada por otra medida del decreto que se traduce en una rebaja de tarifas singular para la industria vasca, que entiende que puede suponer "una discriminación".
Se trata de una modificación en los peajes de acceso a la red eléctrica que amplía el umbral de las tarifas de alta tensión, más baratas, para incluir los suministros a través de líneas con voltajes a partir de 30 kilovoltios, seis menos que hasta ahora. Eso permite que de forma automática baje la factura eléctrica de casi 800 empresas del País Vasco y Navarra, donde son muy frecuentes los tendidos de 33 kilovoltios. Muchas de esas compañías pertenecen al metal y compiten con las gallegas o asturianas tanto dentro como fuera de España, de ahí que entiendan que puede existir "discriminación".
La rebaja tarifaria al País Vasco fue pactada por el anterior Gobierno del PP a petición del PNV y comenzó a desplegarse parcialmente en 2014, aunque la aplicación completa no estaba prevista hasta 2018. Ahora, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ratifica el cambio regulatorio. Lo hace después de que el PNV prestase su apoyo a la moción de censura que llevó al PSOE a la Moncloa y ante las decisivas negociaciones que ya están en marcha sobre los Presupuestos Generales del Estado de 2019.
