El precio de la electricidad en el mercado donde se casan a diario las ofertas que hacen los productores y comercializadores de energía ha aumentado casi un 70% en seis meses, de modo que el recibo de hogares y empresas podría encarecerse camino del invierno por encima del 20% (la energía consumida supone en torno al 35% de la factura). Está por ello más que justificada la iniciativa política del Gobierno de tomar medidas de urgencia para contener esa escalada y proteger a los colectivos más vulnerables. Pero una parte no menor del enfoque es discutible, porque el contenido del primer decreto Ribera parece más dirigido a plasmar las convicciones verdes del Ejecutivo que a actuar con rigor sobre las causas coyunturales del encarecimiento de la luz o con la audacia necesaria sobre algunas de sus razones estructurales.

Penalizar a las térmicas de carbón, primando fiscalmente a las centrales de gas, es una decisión que choca con los números del mercado. Veamos cómo fueron los de septiembre, recogidos por los analistas del Grupo ASE, compañía especializada en servicios energéticos a la industria: el precio medio del megavatio fue de 71,27 euros, un 45% superior al de septiembre de 2017, en un contexto de ascenso de las materias primas (carbón y gas) que usan las centrales de combustibles fósiles y de carestía también en los permisos para emitir CO2 (singularmente para las térmicas carboneras); y fue en un mes con mayor producción hidroeléctica (10,1% de la generación) que hace un año y también con una mayor aportación del carbón (20,8%).

Lo fácil, y también lo más pegado al discurso renovable, es concluir que la luz sube porque funcionaron más las térmicas, con costes crecientes por su impacto ambiental y por la inflación en el precio del mineral.

Pero, al contrario que en política, en energía dos y dos siguen siendo cuatro y resulta que la tecnología que marcó el precio en la mayor parte de las horas de septiembre (60%) fue la hidroeléctrica, con costes variables cercanos a cero y producciones resultantes de la explotación de un bien público (el agua) mediante centrales construidas bajo el franquismo o antes y que si no están amortizadas es por algún tipo de magia contable. Y en los momentos de septiembre en que las térmicas marcaron los precios lo hicieron además con promedios inferiores al resto de tecnologías: a 64,67 euros, frente a 67,41 del gas, 71,87 de las plantas renovables y 72,97 del agua. El Gobierno ha apostado por penalizar a las térmicas, que fueron las más baratas. Quizá sea lo más verde, pero no lo más lógico ni lo más audaz. Si la urgencia era el precio, ¿por qué no se actuó sobre los be neficios caídos del cielo que reciben las hidráulicas?