La fábrica de Alcoa en el polígono de A Grela cumplió el mes pasado los 57 años de actividad en A Coruña y, si se cumplen los planes de la aluminera estadounidense, tendrá difícil alcanzar los 58. El anuncio del cierre de la factoría coruñesa -junto a la asturiana de Avilés- recuerda en parte al realizado por la empresa en 2014 -después de un mal resultado en la subasta de los incentivos eléctricos- y que finalmente no ejecutó en ambas plantas tras una puja extraordinaria en la que obtuvo más primas para reducir su recibo energético. Sin embargo, la situación actual es muy diferente a la de hace cuatro años pues el fondo, las causas alegadas, difiere mucho del de entonces. Lo que hace unos ejercicios quedó en amenaza, con un despido colectivo que ni llegó a negociarse, partía de un único problema de base, al menos según lo transmitido por la aluminera: unos elevados costes eléctricos que impedían que su actividad tanto en A Coruña como Avilés fuese rentable.

Ahora, en cambio, Alcoa justifica la clausura de ambas instalaciones por ser "las menos productivas" del grupo por "problemas estructurales intrínsecos", lo que indica un escenario más complejo y una situación más difícil de revertir que la de 2014 pues la decisión no parece "un chantaje", como hace cuatro años calificaban la medida tanto trabajadores como administraciones de Galicia.

La situación, asegura la plantilla de A Coruña, se venía venirA Coruña, como denunció en los últimos años en los que la factoría ya estuvo en el alambre, con esa amenaza de cierre de 2014 y el posterior análisis por parte de Alcoa de distintas opciones como la venta o la reducción de la actividad en las fábricas "menos eficientes". Precisamente en eso se apoya ahora para plantear el cierre de los dos centros de producción y el despido de todos sus trabajadores -369 en A Coruña y 317 en Avilés-, en "problemas estructurales productivos y tecnológicos" y en "su menor capacidad de producción, una tecnología menos eficiente y elevados costes fijos".

Los trabajadores culpan de esta situación a la propia empresa, a la que acusan de haber recogido solo beneficios tanto en A Coruña como en Avilés en los últimos años y apenas realizar inversiones en las plantas para mejorar sus prestaciones. "En A Grela solo hubo dinero para trabajos de mantenimiento ineludibles", lamentan los representantes sindicales coruñeses.

El gran cambio en el discurso de la aluminera está en que si en 2014 la clave del cierre de las factorías era los elevados precios de la electricidad, ahora este motivo pasa a estar englobado en lo que Alcoa denomina como "factores externos de mercado" y aparece en tercera posición, por detrás de "la sobrecapacidad de producción de China y el elevado precios de las materias primas", en referencia a la alúmina. Estos problemas estructurales y los factores externos, sostiene la multinacional estadounidense, "han generado pérdidas significativas en estas plantas en los últimos dos años". "Pérdidas que previsiblemente continuarán", lamenta la compañía.

Este relato de los hechos induce a pensar, como verbalizó ayer la propia ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en una decisión corporativa, no asociada exclusivamente a los elevados costes eléctricos existentes en España.

La plantilla del grupo cuestiona los datos facilitados por la dirección y remarca que las fábricas españolas siempre fueron "de las más eficientes del mundo, en palabras de la propia Alcoa, una vez descontados los costes eléctricos". El comité de empresa de A Coruña asegura que en numerosas ocasiones las plantas de aluminio primario de A Grela y Avilés fueron comparadas por la compañía con las noruegas, en teoría las que tienen mejor comportamiento. Por ello, los empleados no entienden cuáles son los planes del grupo, "que decide a miles de kilómetro de aquí", y qué hay detrás de la decisión de cerrar las dos fábricas.

Otra de las críticas de los trabajadores se centra en que Alcoa defiende que en los últimos años realizó "importantes esfuerzos" para reducir sus costes y mantener el empleo, algo que niegan.

De hecho, el comité de empresa lamenta la política "de brazos caídos" de los últimos años, tanto de la empresa como de las administraciones, ante una situación "que solo podía ir a peor". Y, como considera que el planteamiento de la multinacional es "excesivo" e "injustificado", la plantilla confía en que la unión de las administraciones y la movilización ciudadana permitan una solución similar a la de 2014, con mantenimiento de la actividad y del empleo en las dos factorías.

Las administraciones gallegas y asturianas ya han iniciado los contactos para hacer un frente común y buscar junto al Gobierno central fórmulas para salvar los casi 700 empleos directos que dependen de las plantas de A Coruña y Avilés y los centenares que están vinculados de forma indirecta a ambos complejos industriales.

Los trabajadores también darán la batalla. En A Coruña ya iniciaron una acampada a la entrada de la fábrica -similar a la realizada en 2014- que mantendrán en las próximas semanas y ya preparan movilizaciones para exigir la retirada del despido colectivo y el mantenimiento de la actividad. Entre las medidas adoptadas por el comité de empresa de A Coruña está bloquear la salida de producto elaborado de la fábrica. "Cada placa, cada tocho que sale de la planta tiene un importante valor en el mercado y no vamos a permitir que se beneficie de él aquel que quiere cerrar nuestro centro de trabajo", sentenció el portavoz de la plantilla coruñesa, Juan Carlos López Corbacho, que prevé "una fuerte movilización" tanto en Galicia como en Asturias.

Los propios trabajadores reconocen, sin embargo, que las decisiones sobre las plantas "las toma el grupo, no cada fábrica, por lo que no es cuestión de rentabilidad". "Esto es algo injusto, premeditado, cocinado a fuego lento desde hace tiempo", denuncia López Corbacho, una visión con la que coinciden otros expertos y profesionales del sector, lo que hace difícil que se repita el escenario de 2014. Sí lo hará en cuanto a movilizaciones y gestiones políticas, pero el asunto parece más complejo que hace cuatro años y complica que la historia, en cuanto a su solución, se repita si se trata de una decisión corporativa. De hecho, el caso español recuerda al cierre en 2013 de las dos fábricas que la empresa tenía en territorio italiano.