El anuncio de Alcoa de ayer logró unir a todas las administraciones gallegas y asturianas afectadas y al Gobierno central -de muy distintos colores políticos- en la demanda de un frente común para evitar el cierre de las factorías de la aluminera en A Coruña y Avilés. De hecho, los Gobiernos de Galicia y Asturias, en manos del PP y PSOE, respectivamente, se coordinarán para plantar cara a la decisión de la empresa. Los presidentes de las dos comunidades, Alberto Núñez Feijóo y Javier Fernández, se reunirán mañana en Oviedo para diseñar una estrategia de respuesta. Feijóo también acordó con la ministra de Industria, Reyes Maroto, reunirse "lo antes posible" para analizar la situación y el conselleiro de Economía, Francisco Conde, y su homólogo asturiano contactaron también con los Ministerios de Industria y Transición Ecológica para solicitar una reunión con ambas y hacer un seguimiento de la situación. Los responsables de ambos departamentos mostraron ayer "sorpresa" por la decisión de Alcoa, la desvincularon del precio de la electricidad y la achacaron a "falta de inversión".

Feijóo lamentó la "mala noticia" y criticó que el Gobierno central no haya gastado la partida económica reservada en los presupuestos generales de 2018 para empresas electrointensivas. El presidente de la Xunta confirmó que el director de Alcoa en Galicia se puso en contacto ayer con el conselleiro de Economía para transmitirle la noticia del cierre y reprobó que, pese a que "es cierto" que los precios de la energía en España "perjudican a la competitividad de las empresas electrointensivas, siempre hubo solución en los últimos diez años".

"Siempre estuvimos trabajando con el Gobierno central para encontrar una solución", añadió, antes de recordar que tanto el conselleiro de Economía como su homólogo asturiano habían transmitido su preocupación sobre esta cuestión al Gobierno central, sin recibir respuesta.

Precisamente, el Ejecutivo gallego también ha solicitado ya la comparecencia del Conselleiro de Economía, Francisco Conde, en el Parlamento gallego para explicar la situación de Alcoa y exponer los avances de las gestiones del Gobierno autonómico.

Encuentro de presidentes

Mañana se reunirán los presidentes de Galicia y Asturias. Javier Fernández, por su parte, trasladó a la dirección de Alcoa su oposición al cierre y lamentó lo "insólito" de la manera de proceder de la firma.

El Ministerio de Industria mostró "sorpresa" por la decisión de Alcoa, que se ha tomado "de manera unilateral" y solicitó a la multinacional más información "para contribuir a buscar una solución a esta situación motivada por la falta de inversiones y problemas estructurales heredados desde 2014". El departamento que dirige Reyes Maroto también le trasladó a la empresa que inicie un proceso de negociación para la búsqueda de alternativas con el objetivo de mantener la capacidad productiva de las plantas. "En este proceso, el Gobierno trabajará junto con el resto de administraciones públicas afectadas y los agentes sociales", remarcaron fuentes de Industria.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, consideró, por su parte, una "excusa y una cortina de humo" que la multinacional del aluminio alegue el alto precio de la electricidad. En declaraciones a Onda Cero, Ribera apuntó que Alcoa se lleva "una buena parte" del dinero de las subastas de interrumpibilidad -el sistema de gestión de la demanda que retribuye a las empresas por desconectarse del sistema eléctrico en caso de necesidad- y señaló que igual ahora es necesario "ralentizar" el proceso. Fuentes del departamento que dirige Teresa Ribera precisaron que Alcoa "es, con diferencia" la empresa más beneficiada por la interrumpibilidad y otras fuentes del sector eléctrico apuntaron que la compañía obtuvo gracias a ese mecanismo más de 1.000 millones de euros en la última década.