Con Trump y antes de Trump, Estados Unidos suele invocar razones de seguridad nacional para tomar medidas de protección de su industria, entre ellas las que han desencadenado la reciente espiral de hostilidades comerciales con China y otros países. Omitamos al inefable presidente norteamericano y también su tendencia al armamento arancelario, pero quedémonos con esta idea: la competitividad de la actividad fabril en Galicia, en España y en el conjunto de la UE debe ser tenida como una prioridad nacional porque es fuente principal de riqueza y cimiento del Estado de bienestar. Los cierres de Alcoa llaman a reflexionar sobre si la industria es o no tratada con tal consideración.

¿Han hecho los poderes públicos todo lo posible para evitar que se llegara hasta aquí? El fin de la producción aluminera en A Coruña y Avilés está conectado al déficit de inversiones por parte de la multinacional estadounidense y a la coyuntura del mercado global. Ahí había poco terreno para que actuara preventivamente la Administración. Sí lo tenía en la cuestión de la electricidad. Al igual que el resto de los grandes consumidores industriales de energía, Alcoa perdió en 2008 la tarifa (G4) que bonificaba su actividad. Hasta el punto de que los precios eran equivalentes a un tercio de lo que pagaba cualquier otro usuario. La presión de Bruselas condujo a la eliminación de esa ventaja, cuestionada como ayuda de Estado, y a su sustitución por el servicio de interrumpibilidad, un mecanismo sujeto a vaivenes y por el que Alcoa obtuvo más de mil millones en rebajas de la luz en diez años. La envergadura de esa cantidad indica que España sí hizo por la continuidad de las plantas y no fue poco.

Pero pasó una década sin que se haya satisfecho una petición que los sucesivos gobiernos recibieron desde Galicia: sustituir la interrumpibilidad por otra fórmula estable y predecible que garantice a la industria precios competitivos, como tienen otras europeas.

El País Vasco tardó menos en lograr una rebaja para sus empresas, primero negociada con el PP y últimamente con el PSOE. Las urgencias parlamentarias de Rajoy y Sánchez y el peso de los votos del PNV dieron prioridad a una visión particularista y nacionalista, no nacional, de la importancia de la industria.