El pleno del Congreso de los Diputados convalidó ayer el real decreto ley de medidas urgentes para la transición energética y la protección a los consumidores, que contiene las medidas aprobadas por el Gobierno para paliar los efectos del encarecimiento del recibo de la luz. El texto, que fue convalidado con 180 votos a favor, dos en contra (Foro Asturiano) y 160 abstenciones (PP, Cs y UPN), será tramitado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, momento en el que se podrán introducir modificaciones.

El decreto ley incluye medidas para combatir la escalada de precios en la electricidad (entre ellas la suspensión del 7% del impuesto de la electricidad durante seis meses), una exención del impuesto de hidrocarburos, la derogación del impuesto al sol, eliminando peajes y cargos al autoconsumo, y el aumento del límite en los ingresos por subastas de emisión. Asimismo, el decreto también incluye medidas de impulso al transporte eléctrico, aumenta los supuestos para acceder al bono social y prohibe los cortes de luz en hogares donde viva alguna persona con una discapacidad de al menos el 33% o en situación de dependencia de grado II y III, y en hogares con bono social reconocido con algún menor de 16 años.

"El coste de la energía es clave para los consumidores y para la competitividad industrial", señaló la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, durante su defensa del texto, en el que insistió en que se trata de medidas temporales a las que habrá que sumar cambios estructurales. En su opinión, se necesitan "precios estables".