El Ministerio para la Transición Ecológica destaca que la multinacional Alcoa ha acaparado cerca del 30% del incentivo eléctrico para la gran industria durante los últimos diez años, lo que supone más de 1.000 millones de euros de ahorro para la compañía que van con cargo a la factura que pagan los consumidores. No obstante, también hay que tener en cuenta que Alcoa es la compañía asentada en España que más electricidad consume y que los incentivos para la gran industria cayeron este año casi un 40% después de los cambios que se introdujeron en las subastas.

Las empresas con gran consumo energético, las denominadas electrointensivas como es el caso de Alcoa, pueden obtener un descuento en el precio de la electricidad a cambio de estar dispuestas a sufrir restricciones de suministro si es necesario por motivos de seguridad del sistema eléctrico o para evitar que se disparen los costes. Es el denominado servicio de interrumpibilidad y para optar a él se convocan subastas en las que las empresas pujan en un mecanismo similar al de las lonjas de pescado.

La presión de Bruselas y de la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) obligó al anterior gobierno del PP a introducir cambios en las subastas para que hubiera en ellas más competencia. Así, los bloques de potencia interrumpible que se subastan, que eran de 5 y 90 megavatios (MW), pasaron a ser de 5 y 40 MW para que hubiera más empresas con opciones y no sólo las grandes. Ese factor hizo que a las subastas de este año (por primera vez se celebraron dos en vez de una anual) se presentaran más ofertas. Además, la potencia subastada, que en 2017 fue de 2.975 MW, se redujo en 2018 a 2.600 MW. Con todo ello, los pagos a la industria por servicio de interrumpibilidad pasaron de 524.849.500 euros en 2017 a 315.901.300 euros en 2018, según fuentes de la Red Eléctrica de España, que gestiona las subastas. La reducción del incentivo a la gran industria fue de casi el 40% en el último año.

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Las subastas comenzaron a celebrarse en 2014 para introducir competencia en el servicio de interrumpibilidad, un mecanismo creado cuando la Unión Europea puso fin en 2007 a la llamada tarifa G-4, muy ventajosa para empresas electrointensivas como la propia Alcoa, que en la operación de compra en 1998 de la antigua empresa pública Inespal, en la que estaba integrada la planta de A Coruña, pactó con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) la inclusión de una cláusula que la blindó de las subidas del precio de la electricidad hasta 2012.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica señalaron que "ojalá el único problema de las planta de Alcoa en Avilés fuera el coste de la electricidad porque se podría resolver" y destacaron las medidas del Gobierno para flexibilizar los contratos bilaterales de suministro.