A los bancos no les quedará otro remedio que asumir el coste del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados una vez se publique el fallo, con un ojo puesto, claro está, en la revisión que hará la Sala Tercera del Supremo a la histórica sentencia de su Sección segunda, enfrentada con el fallo de la Sección Primera, de competencia civil, en febrero. Pero el sector niega de plano que vaya a tener consecuencias más allá de las nuevas operaciones. Cuando se anula una norma general, el efecto se centra a partir de ese momento, según asegura José Luis Martínez Campuzano, portavoz de la Asociación Española Bancaria (AEB), que ya el jueves dio a entender que no desembolsarían nada del pasado. Algo que juristas y abogados, en cambio, siguen manteniendo.

La situación, en todo caso, ha llevado a las entidades a contenerse en la concesión de nuevas hipotecas. "Pagamos nosotros, ¿y si el Supremo rectifica la jurisprudencia? No tiene sentido no parar y esperar", apuntan desde uno de los bancos consultados por LA OPINIÓN. "Esto es delirante", critican en otra. "El total de hipotecas que puedan haber firmado hoy es muy pequeña, pero evidentemente las que están en preparación se van a ralentizar para evitar problemas mayores", señalan en otro banco.

Desde 1995, el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados corre a cargo del consumidor y es habitual que se incluya dentro de alguna cláusula de la hipoteca que así lo establezca. Por eso expertos en derecho sostienen que se podrá reclamar a través de la petición de la anulación de esa cláusula.