El Consejo de Ministros aprobó ayer los anteproyectos de ley sobre el impuesto digital y a las transacciones financieras, conocidos como tasa Google y tasa Tobin, respectivamente; y otro en materia de lucha contra el fraude fiscal que transpone la directiva antielusión, con los que espera obtener una recaudación conjunta de 2.900 millones de euros. La titular de Hacienda, María Jesús Montero, destacó que el pasado lunes el Gobierno presentó el plan presupuestario y ayer, solo cuatro días más tarde, empieza a cumplir con los compromisos que se adquirían en ese documento y a demostrar la voluntad del Ejecutivo de avanzar por la senda que se ha marcado. "Se trata de una nueva fiscalidad adaptada al siglo XXI, con un sistema tributario más equilibrado y solidario", reiteró.
El nuevo Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales gravará a aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros. El nuevo tributo gravará el 3% de los servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario. Los 1.200 millones previstos son, según Montero, "cálculos prudentes".
El Impuesto sobre las Transacciones Financieras gravará con un 0,2% las operaciones de compra de acciones de empresas españolas con una capitalización bursátil superior a 1.000 millones, ejecutadas por operadores del sector financiero e incluirá las operaciones intradía. El Gobierno calcula que ingresará unos 850 millones. El tributo deja de lado las operaciones de salida a Bolsa.
El Consejo de Ministros dio el visto bueno a un anteproyecto de ley con medidas de lucha contra el fraude fiscal, que contempla una batería de medidas de lucha contra el fraude fiscal, entre las que se encuentra un mayor control tributario de las criptomonedas y la prohibición de fabricación y distribución del software de doble uso para evitar falsas contabilidades. Hacienda mejorará la información que tiene sobre las criptomonedas mediante una nueva obligación fiscal para identificar a los titulares y los beneficiaciarios y los saldos.
