Unos 4.350 manifestantes, según el recuento de la Policía Local, participaron ayer en la primera gran movilización para parar el cierre anunciado por la multinacional estadounidense Alcoa para sus plantas de aluminio de A Coruña y Avilés (Asturias). Apoyada por todos los grupos políticos y sindicatos, la marcha partió a las once de la mañana de la plaza de A Palloza para arropar a las centenares de familias afectadas por una decisión empresarial que aspiran a revertir. Al grito de "isto é a guerra, Alcoa non se pecha", "fóra ianquis, pandilla de mangantes", "Alcoa é galega, Alcoa é Asturiana" y "enerxía solución, un clamor popular reclamó la continuidad de la actividad industrial y de los 369 puestos de trabajo en A Coruña y los 317 en Asturias, desde donde se desplazaron unos 120 compañeros para la apoyar la manifestación coruñesa.

Hacia las doce menos cuarto la cabecera de la manifestación llegaba a la Delegación del Gobierno, mientras seguían saliendo manifestantes desde A Palloza. El ruido de los petardos, la música de las gaitas y el humo de las bengalas marcaron el ambiente del trayecto. Entre los participantes: obreros con ropa de trabajo, banderas gallegas y asturianas, familias con niños y mayores, y un nutrido grupo de políticos que se situaron detrás del comité de empresa de la aluminera y los representantes sindicales, que encabezaban la marcha. Todos detrás de una gran pancarta con el mensaje Peche non. Enerxía, solución. La misma con la que en 2014 lograron parar el anterior anuncio de cierre.

Al llegar a los jardines de Méndez Núñez, el presidente del comité de empresa de Alcoa en A Coruña, Juan Carlos Corbacho, y el alcalde, Xulio Ferreiro, se subieron a una tarima para pronunciar su discurso. Ferreiro insistió en la solidaridad y el respaldo que toda la Corporación municipal había trasladado ya el viernes. "Desde hoy y hasta que esto se solucione, todos los coruñeses y las coruñesas somos trabajadores y trabajadoras de Alcoa", reivindicó Ferreiro, que fue correspondido con un gran aplauso. "Sois un orgullo, la dignidad del movimiento obrero hecha realidad hoy aquí en A Coruña", continuó el regidor, quien consideró que no se puede ser "complaciente" con un sistema que permite que a miles de kilómetros —la sede de Alcoa está en el estado estadounidense de Pensilvania— se tomen decisiones que afecten a "familias que forman parte de la comunidad, consumen, crean riqueza, son coruñesas".

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El representante de la plantilla puso el acento en el problema energético —la ausencia de un marco eléctrico estable y transparente— que lastra a la industria electrointensiva (el 40% del coste de producción de la fábrica es eléctrico). Corbacho involucró al conjunto de la ciudadanía en su lucha al asegurar: "Todos estamos pagando lo que no tenemos que pagar por la electricidad". El presidente del comité aseguró que la electricidad es "la estafa principal en este país en este siglo" y llamó a la población a "espabilar" y salir a la calle.

Corbacho quiso "dejar claro" que los trabajadores "no quieren ayudas". "Lo que queremos es que esto [el mercado eléctrico] sea transparente", dijo, y lamentó que "nadie controla el precio de la electricidad". Criticó así el marco energético actual, con inestabilidad de precios que la gran industria modera a través de ayudas públicas que el Gobierno subasta para el servicio de interrumpibilidad, las primas que las fábricas cobran por reducir su consumo cuando Red Eléctrica se lo solicita para ajustar la oferta y la demanda del sistema global. Un mecanismo por el que Alcoa obtuvo mil millones en diez años.

Entre algunos gritos de Enerxía, tarifa galega, el presidente del comité centró su discurso en el problema eléctrico, que ahora —a diferencia de la amenaza de cierre de 2014—, la empresa menciona solo como secundario, por detrás de "problemas estructurales inherentes", principalmente las instalaciones obsoletas. "Hay mucha especulación en este país. Estamos preparados para que vengan aquí especuladores y se lleven nuestra riqueza", lamentó Corbacho, para a continuación aludir a la historia de Alcoa en España, que en 1998 se hizo con los once centros de trabajo de la empresa pública Inespal, de los que ya solo quedan cuatro (las plantas de aluminio de A Coruña, Avilés y San Cibrao y una de alúmina en el mismo municipio de A Mariña lucense) y "dos de ellas con ERE de extinción", recordó. "Esa es la política de la empresa", criticó Corbacho, quien considera que "Alcoa no quiere factorías en España", sino solo el "mercado" español, en vista de su apuesta por fábricas en Arabia Saudí, Kuwait, Islandia o Noruega.

Mientras la firma aluminera aduce pérdidas de cien millones de euros entre el ejercicio pasado y este entre las plantas de A Coruña y Avilés, Corbacho defendió que son "muy rentables", y recordó que entre 1998 y 2014 dieron un beneficio de 1.490 millones de euros, un dinero que, según criticó, fue invertido en las plantas extranjeras mientras abocó estas al declive con una ausencia total de inversiones por "una decisión de grupo".

Corbacho recordó la hoja de ruta de los trabajadores. El primer paso, la retirada inmediata del ERE de extinción —el comité está convocado para iniciar la negociación el miércoles 31 en Madrid—. A partir de ahí, piden mantener la actividad fabril y abrir una mesa de negociación con soluciones temporales mientras hasta que se consiga "regular un marco energético para todos, no solo para Alcoa".

Para concluir, el presidente del comité remarcó que no buscan ayudas del Estado, sino "una política industrial". "Necesitamos tener un país industrializado", remarcó. "No nos van a ganar, vamos a ganar nosotros", insistió Corbacho y exigió a las administraciones que "intervengan" y que si la empresa mantiene su actitud "prepotente", "que apliquen el artículo 155 a Alcoa". "Lo vamos a pedir claramente", remarcó el sindicalista, para luego matizar que este punto de la Constitución no es aplicable a la industria, pero sí el 128.2, que prevé la posibilidad de que el Estado intervenga una empresa en caso de monopolio de recursos esenciales.

Tarifa eléctrica gallega

Entre los numerosos políticos asistentes, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, tachó de "indignante" el "veto" que su reclamación de una tarifa eléctrica gallega ha recibido en el Congreso y subrayó que en una comunidad en la que la producción energética "tiene un coste medioambiental y social muy alto", "no es lógico y solidario que haya riesgo en el empleo por intereses centralistas y de empresas eléctricas".

El delegado de la Xunta en A Coruña, el popular Ovidio Rodeiro, abogó por un "trabajo conjunto" de las administraciones. "Si somos capaces de que Alcoa levante el ERE, y que el Gobierno establezca ese marco normativo podemos conseguir cosas importantes", aseguró. En la misma línea se manifestó el secretario general de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero: "Hoy todos somos trabajadores de Alcoa. Haremos un frente común de defensa para que la planta mantenga su actividad", aseguró.

Ningún partido político quiso quedar al margen de la movilización convocada ayer, con asistencia también de algunos diputados del Congreso. Un protesta enmarcada en un largo proceso de destrucción del tejido industrial de la comarca contra el que todos aseguran luchar. "No podemos vivir solo de servicios y centros comerciales", remarcó Corbacho.