Algo más de 63.000 gallegos podrán reclamar la devolución del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados abonados por los préstamos hipotecarios formalizados en los últimos cuatro años (desde octubre de 2014) si el Tribunal Supremo ratifica como jurisprudencia la sentencia de la semana pasada que impone a los bancos la obligación de abonar el tributo frente a la jurisprudencia anterior y la práctica habitual de que lo pagasen los clientes. Esos 63.222 gallegos podrían recuperar 146 millones más los intereses de demora, según el cálculo que hizo ayer Gestha, uno de los colectivos de técnicos de Hacienda.
Otros 575.403 gallegos, que abonaron el impuestos entre enero de 2003 y septiembre de 2014, y que ya no podrán ejercer el derecho de devolución por el Fisco al vencer el periodo de reclamación al cabo de cuatro años, podrán demandar a la banca por la repercusión indebida del tributo en el cliente, según fuentes jurídicas y de Gestha. Este colectivo podrá exigir la devolución de 536 millones más los intereses. En total el colectivo de los gallegos afectados suma 638.625 personas (el 4,2% de los algo más de 15 millones de españoles concernidos) y el dinero satisfecho a reclamar asciende a 682 millones, el 2,3% de los 29.288 millones satisfechos por los españoles durante los últimos quince años por el impuesto ahora sujeto a reconsideración por el Supremo.
Porque la decisión final se hará esperar después de que el Alto Tribunal haya aplazado hasta el próximo lunes 5 de noviembre su decisión sobre el controvertido criterio que atribuye el impuesto de las hipotecas a la banca, que desde que se conoció el fallo, el pasado jueves, ha perdido cerca de 8.200 millones de euros de capitalización en Bolsa. Tras conocerse que el Supremo se ha dado dos semanas de plazo, el portavoz de la Asociación Española de Banca (AEB), la patronal del sector, José Luis Martínez Campuzano, ha avanzado que hasta conocer la postura final, "cada banco tomará las decisiones que considere oportunas de acuerdo a su propia política comercial".
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De momento los principales bancos españoles han retirado de sus páginas web la información disponible relativa a las condiciones de las hipotecas, a la espera de que el Alto Tribunal aclare si es la entidad o el cliente el que deberá hacerse cargo del impuesto asociado a estos créditos. Asimismo, algunas entidades están revisando las condiciones de los préstamos hipotecarios y tampoco están ofreciendo esta información de manera presencial en sus oficinas, aunque no han suspendido la firma de hipotecas que ya estaba prevista. No obstante, el Consejo General del Notariado ha aconsejado a estos profesionales seguir autorizando las escrituras que ya estaban previstas, informando a sus clientes del contenido del fallo, pero advirtiéndoles claramente de que hasta que no se conozca el desenlace, por ahora "no es posible determinar" quién tiene que pagar el impuesto.
