El Parlamento de Galicia ha aprobado, por unanimidad, una proposición no de ley en la que insta a Alcoa a "reconsiderar" el cierre de la fábrica de A Coruña y en la que, entre otras cuestiones, pide abrir una mesa de diálogo con todos los agentes implicados para "buscar líneas" de solución a la situación de la planta.

La propuesta que fue fruto de un acuerdo entre todos los grupos, y en la que sobre todo se impusieron los condicionantes de mantener empleo y de la innovación, también reclama al Gobierno central que ponga antes de final de año las ayudas de compensación previstas en la ley para el año 2018 y por importe de 150 millones, eso sí, ligadas a inversiones tecnológicas y al mantenimiento de los puestos de trabajo.

En esta misma línea, también se pide que para el año 2019 y siguientes se implante un nuevo régimen de compensación por costes adicionales incluidos en el precio de la electricidad soportados por las industrias electrointensivas, también vinculados a inversiones tecnológicas y al mantenimiento del empleo. Estas mismas condiciones se añaden a la petición de que se establezcan "todos los mecanismos" de compensación necesarios para que este tipo de industrias "compitan en igualdad de condiciones con las homólogas europeas".

La iniciativa original partió del PPdeG que, de hecho, se hizo una autoenmienda debido a que la original no contemplaba la cuestión sobre Alcoa --toda vez que todavía no se había anunciado el cierre de la fábrica cuando se incorporó en el orden del día en el pleno--. "Cuando la registramos, no imaginábamos el inminente desenlace que se está produciendo", afirmó.

150 millones

Los populares también ponían el acento en su iniciativa en la necesidad de que el Gobierno ejecutase los "150 millones de euros" para poner en marcha un sistema de ayudas por costes adicionales para las electrointensivas en esta segunda mitad de 2018.

"Insistimos en dar el máximo apoyo a los trabajadores", ha remarcado Marta Novoa Iglesias, que ha manifestado, sobre la decisión "unilateral" de la empresa de cerrar la planta de A Coruña: "Ni la compartimos, ni entendemos".

Oposición

Por parte de la oposición, el diputado de En Marea Pancho Casal llamó a hacer un esfuerzo por parte de todos los grupos para alcanzar un acuerdo unánime, y dejar de lado las "diferencias sobre alternativas para el sector" hasta el "día siguiente" a que Alcoa retire el ERE de extinción.

"Hacer lo contrario solo beneficia a la empresa", ha advertido, tras lo que recordó que recibió 2.000 millones de fondos públicos que debían estar sujetos a la "sostenibilida del empleo y mejora tecnológica", como así se pide en la iniciativa aprobada.

El socialista Abel Losada puso el acento en el "desastre legislativo" de los ministros de Mariano Rajoy en la materia y recordó que en la última década, el PP en Galicia "lleva gobernando nueve años y seis meses" y en el Estado, salvo los últimos cuatro meses, lo hicieron más de seis años.

El diputado del PSdeG también defendió pedir al Gobierno central introducir cambios en el actual sistema de interrumpibilidad y que inste en la UE a poner en marcha fondos europeos para compensar los costes de las empresas con alto consumo energético, como así se recogió.

En cuanto a la Xunta, el PSdeG ha reclamado presentar antes de final de 2018 las directrices energéticas de Galicia 2018-2020 --con participación de los grupos parlamentarios--, recogidas en el Plan estratégico de Galicia 2015-2020 y en las que se recoja específicamente el papel de la industria electrointensiva en el tejido empresarial gallego. Sin embargo, esta cuestión no se incorporó en la iniciativa aprobada.

Mientras, la diputada nacionalista Noa Presas dio la "bienvenida a la rectificación" a los populares, entre otras cosas, porque "por fin se puede pedir políticamente la retirada de EREs en las empresas" de este país. Además, convenió que la cuestión de Alcoa tiene que ser "absolutamente prioritaria en todas las agendas" y propuso de nuevo la tarifa eléctrica gallega como una de las medidas a adoptar, la cual fue rechazada una vez más.

Además de esta iniciativa, los grupos políticos negocian una declaración institucional y este miércoles está prevista una comparecencia del conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, tras la reunión multilateral con el Gobierno central.