Alcoa mantiene que la decisión de cierre para sus fábricas de aluminio de A Coruña y Avilés es "a día de hoy irrevocable" y se negó a considerar cualquier otra alternativa en el encuentro al que fue convocada ayer la multinacional en el Ministerio de Industria con el secretario general de este departamento, Raúl Blanco, representantes de los gobiernos gallego y asturiano y de los sindicatos UGT y CCOO. El desenlace de la reunión, recibido con frustración y rabia por la plantilla, deja viva sólo una mínima posibilidad: que, una vez informados por los directivos españoles de la posición de la Administración del país, la Corporación Alcoa, con sede en Pittsburg (Estados Unidos), dé un giro drástico a las instrucciones que dio a esos mismos directivos: que los cierres y los 700 despidos (unos 400 en A Coruña) no tienen marcha atrás y que la venta de las factorías no es factible porque Alcoa ya la intentó sin éxito.
Gobiernos y sindicatos habían planteado la retirada del expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción por parte de la empresa y la creación de un grupo de trabajo que, durante tres o cuatro meses y manteniendo la actividad industrial, estudiase alternativas a la clausura de las fábricas. Pese a la negativa del presidente de Alcoa España, Rubén Bartolomé; el responsable de recursos humanos para Europa, Borja Alvear; y otros tres directivos de la multinacional a aplazar la clausura de las plantas, el secretario general del Ministerio de Industria, Raúl Blanco, y los responsables de Industria de Galicia y Asturias, emplazaron a los representantes de la compañía a que trasladen la propuesta del Gobierno a la dirección de la multinacional, en Pittsburg, que es desde donde se transmitió a la filial española la irrevocabilidad de los cierres.
Los representantes sindicales acusaron a la compañía de actitud "prepotente y chulesca" con los representantes de los trabajadores, y "fría y sin empatía alguna" con los responsables ministeriales, y de rechazo a considerar cualquier opción que no sea el despido colectivo de 369 empleados en A Coruña y 317 en Avilés. "Tienen la decisión tomada", consideran fuentes sindicales.
Las centrales sindicales se levantaron de la mesa y abandonaron la reunión, en un clima de gran tensión, al cabo de una hora y veinte minutos de intento estéril de negociación. "No hubo diálogo. Llegaron con una actitud de hechos consumados", dijo un partícipe. Las centrales sindicales mantienen, no obstante, el llamamiento a constituir una mesa tripartita con los Gobiernos central, gallego y asturiano para analizar alternativas y buscar vías de solución, y han iniciado una estrategia para elevar el conflicto a la Comisión Europea. A través de las organizaciones sindicales europeas, UGT y CCOO plantearán en Bruselas que el cierre de las dos fábricas por la compañía estadounidense Alcoa está en conexión con la política proteccionista de Donald Trump. Los sindicatos están determinados a intensificar las movilizaciones.
Los trabajadores piden firmeza
La plantilla de la fábrica de aluminio de A Grela sabía que la negativa de Alcoa a levantar el ERE era "una posibilidad". "Esta lucha será larga y difícil pero vamos a ganarla", valoraba anoche el presidente del comité de empresa, Juan Carlos López Corbacho, quien considera que el Gobierno debe actuar con firmeza ante el "desplante" de la aluminera estadounidense. "A una empresa que viene a saquear todo un sistema productivo de un país y a cerrar plantas alguien tendrá que pararle los pies un día", reclama el representante de los trabajadores coruñeses, que mantienen su hoja de ruta con intención de parar el cierre de la factoría.
Fuentes de la empresa transmitieron: "Alcoa es consciente de la repercusión humana y social del cierre; se ofrecerá un plan social con el que se pretende reducir el impacto de este proceso". Un plan de punto final si Pittsburg no cambia su última palabra. Por el momento, la empresa no prevé otro escenario que el de sentarse con los trabajadores en Madrid el próximo miércoles 31 para abrir el periodo de consultas con el que se inicia oficialmente el proceso del ERE. En la reunión, la compañía expuso a los representantes políticos y sindicales sus motivos para el cierre de las dos fábricas, que se sumaría a otras cinco en la lista de antiguas factorías de Inespal que Alcoa clausuró desde que se hizo con los centros de la empresa pública hace dos décadas. La versión oficial de la compañía habla de pérdidas de 100 millones de euros entre ambas fábricas sumando el presente ejercicio y el pasado y problemas inherentes, principalmente instalaciones obsoletas tras la ausencia de inversiones en los últimos años.
El alto coste de la electricidad por la ausencia de un marco energético estable que favorezca la competitividad de a industria queda en un segundo plano en la argumentación de la empresa. La Xunta mantiene su petición de que el Estado regule ese "marco estratégico". El conselleiro de Economía, Francisco Conde, pidió al Ejecutivo central y a Alcoa que asuman su "corresponsabilidad" y busquen soluciones. El conselleiro urgió al Estado la convocatoria de la subasta de interrumpibilidad (que reparte primas eléctricas para la industria) para 2019 y la ejecución de la partida de este año de los Presupuestos para compensar a las electrointensivas por los flojos resultados de la última puja.
El conflicto de Alcoa llego ayer hasta Estrasburgo, donde el eurodiputado socialista José Blanco reclamó a la Comisión Europea medidas para frenar el declive del sector del aluminio e instó a combatir "las prácticas comerciales desleales y el dumping de países como China".
Galicia pide unánimemente vincular las subvenciones a la industria al mantenimiento de los puestos de trabajo
El Parlamento gallego aprobó ayer por unanimidad una proposición no de ley para instar al Gobierno a poner en marcha subvenciones a Alcoa y empresas electrointensivas que estén condicionadas a la viabilidad tecnológica de la factoría y al mantenimiento del empleo. La iniciativa invita a la Xunta a instar al Gobierno a que mantenga la ayuda de 150 millones a la industria electrointensiva, que el PP había incluido en los de Presupuestos Generales de Estado para el actual año, de forma que esta línea de ayudas esté ligada al mantenimiento de empleo. Los grupos políticos gallegos ven necesario poner en marcha esa ayuda puesto que los trabajadores de la aluminera se aferran a esta subvención para la retirada del expediente para el despido.
De igual forma, los grupos reclaman que para el ejercicio 2019 y los siguientes se implante un nuevo régimen de compensación por costes adicionales incluidos en el precio de la electricidad soportados por la industrias electrointensivas.
Además, solicitan que para los años sucesivos se establezcan todos los mecanismos de compensación necesarios, previo acuerdo con las comunidades autónomas afectadas, para que este tipo de industrias compitan en igualdad de condiciones con sus homólogas europeas.
