Hace justo una semana que el sector financiero tembló. En una sola jornada los seis grandes bancos del Ibex se dejaron casi 5.500 millones de euros de valor bursátil tras conocerse la histórica sentencia de la Sección Segunda de lo Contencioso-Administrativo del Supremo que obliga a las entidades a asumir el principal impuesto de las hipotecas. Lo pagaba hasta ahora el cliente, como dictó el propio Supremo, y que la Sala de lo Civil confirmó el pasado febrero en otro fallo que solo liberó al consumidor de una pequeñísima parte del coste del timbre de los documentos. Pero en una decisión sin precedentes, el presidente de la sala decidió 24 horas después dejar en el aire el cambio de criterio dada la "enorme repercusión económica y social" y someter al pleno la decisión de quién debe desembolsar el tributo de Actos Jurídicos Documentados (AJD). Ya advertía que la del jueves no era la única resolución a favor de los hipotecados. Y así es. El Supremo acaba de notificar otras dos sentencias que derivan el gasto a los bancos, firmadas el lunes y el martes de esta semana.

Ambas, desveladas ayer por Expansión, fueron deliberadas conjuntamente con la ya conocida. De hecho, es la misma recurrente, la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid. Por lo que, según los magistrados, es necesario "reiterar aquí lo que ha sido razonado y decidido en ese reciente pronunciamiento que acaba de mencionarse". "Así lo imponen razones de coherencia y unidad de doctrina -destacan-, inherentes a los mandatos constitucionales de seguridad jurídica e igualdad en la aplicación de la ley".

Como ocurrió con la anterior, las dos nuevas sentencias contra los bancos insisten en que solo ellos son los interesados en la elevación de las escrituras a públicas -el acto gravado por AJD- para poder ejercer todos los derechos posibles sobre la hipoteca, como el desahucio. Reiteran una vez más que el artículo del reglamento del impuesto que obliga a pagar al hipotecado es ilegal y queda anulado.

Ninguna de las tres sentencias es susceptible de revisión. Y, oficialmente, por ley ya no puede derivarse el desembolso al consumidor. Pero el Supremo debe señalar cuál de las dos posturas, la de febrero de la Sala Civil o la de ahora del Contencioso-Administrativo, es la que se sigue a partir de ahora. Lo hará el 5 de noviembre.

La situación ha originado un caos inédito en el negocio financiero, con la banca con el pie en el freno de las hipotecas, a la espera de saber si le corresponde pagar e incluso devolver miles de millones de euros a los clientes.

Reacción del sector

De cara a la postura del Supremo el próximo 5 de noviembre, José María Roldán, presidente de una de las dos patronales de las entidades, la AEB, reclama "claridad", también en lo que respecta a la retroactividad para evitar que el mercado especule y se produzcan pérdidas millonarias en Bolsa.

La desconfianza que se generó el pasado jueves cuando el Supremo, "con los mercados abiertos", decidió que los bancos asumieran el impuesto de Actos Jurídicos Documentados, provocó que los bancos perdieran unos 6.000 millones de valor bursátil "en horas", recordó Roldán en una intervención en Antena 3 TV, donde negó "taxativamente" presiones de las entidades financieras al tribunal para paralizar el fallo. Roldán admite que no queda otra que ralentizar las hipotecas y alerta de las posibles consecuencias: "La banca no puede con todo".

El Gobierno, por su parte, pide tranquilidad. "Lo prudente es esperar", aseguró la coruñesa Nadia Calviño, ministra de Economía, ayer en el Congreso, preguntada por el grupo de Podemos sobre con quién está el Gobierno. "Puede ser muy atractivo y fácil -criticó- contraponer el intereses de los ciudadanos y los bancos".