La multinacional Alcoa considera que cumple "escrupulosamente" con sus deberes para con los representantes legales de sus trabajadores tanto en España como en el resto de Europa y, por eso, rechaza dar marcha atrás en su idea de despedir a las plantillas de sus fábricas de A Coruña y Avilés (Asturias), con cerca de 400 trabajadores cada una.

Los miembros del Eurofórum -órgano de representación de los trabajadores de Alcoa de todo el continente cuyo carácter es informativo y consultivo, pero no vinculante, y que tiene su sede en Holanda- decidieron defenderse de la multinacional presentando una denuncia ante la Justicia de los Países Bajos. Esta denuncia se materializará en los próximos días y, posteriormente, se trasladará al Ministerio de Trabajo español para que paralice cautelarmente el despido colectivo presentado por la compañía norteamericana con el fin de que la Justicia holandesa se pronuncie al respecto.

La denuncia del Eurofórum se sustancia sobre una idea principal: que los representantes legales de los trabajadores tienen que conocer decisiones organizativas que afecten a centros de trabajo en más de un país. La compañía se dirigió por carta ayer al Eurofórum unos minutos antes de que se cumpliera el límite marcado por los trabajadores. En una misiva de cuatro folios analiza la demanda del comité europeo y asegura que los cierres anunciados afectan sólo a España -por lo que entiende que el comité Eurofórum no debería intervenir-. Por otro lado, sostiene la multinacional, no hay ninguna decisión tomada, aunque pretende abrir el periodo de consultas, el paso previo para obtener la autorización laboral para despedir a todos los empleados.

Los representantes de los trabajadores en Europa han rechazado los dos argumentos. "¿Qué va a pasar en las fábricas europeas en cuanto desaparezcan las ciento y pico mil toneladas que hacemos entre A Coruña y Avilés?", se preguntó José Manuel Gómez de la Uz, uno de los dos componentes españoles del Eurofórum. Respecto a que no haya decisión tomada aún, otro sindicalista señaló: "El periodo de consultas lo ordena la legislación española, pero ellos ya tienen decidido qué van a hacer". Y lo que prevé hacer es mandar para casa a sus plantillas "por causas objetivas y productivas".

El comité europeo exige ser informado y también consultado (las dos funciones que le otorga la normativa europea). Eso es lo que viene recogido en sus estatutos y eso es lo que subrayaron sus integrantes, que ayer estuvieron en contacto por videoconferencia. Consideran que no han sido debidamente informados y, asimismo, preparan un informe para remitir a la compañía. "Nuestro objetivo está claro: que la compañía retire el ERE", sentencian.

El periodo de consultas se abre mañana miércoles y dura un mes. Los representantes legales de la empresa y de los trabajadores están convocados a una primera reunión de contacto en la que discutirán los detalles de la negociación de los despidos. Los trabajadores, en todo caso, seguirán moviéndose para que el encuentro no se celebre: hacerlo supone poner la cuenta atrás en marcha. Para evitarlo, las plantillas, tanto de A Coruña como de Avilés, están en pleno calendario de protestas, a las que se sumaron también los trabajadores de San Cibrao (Lugo), con una marcha ayer hasta Burela.

Y junto con la vía de la movilización, sigue abierta la de la negociación política, más lenta. La reunión prevista para esta semana en la que se iba a analizar la situación con las ministras de Industria y para la Transición Ecológica, Reyes Maroto y Teresa Ribera, los presidentes autonómicos de Galicia y Asturias, Alberto Núñez Feijóo y Javier Fernández, y los responsables de la multinacional Alcoa, aún está sin cerrar y todo indica que quedará para la próxima semana. Según pudo saber este diario, algunas partes querían celebrar el encuentro esta semana, preferentemente mañana miércoles, pero no fue posible cuadrar agendas entre todos los implicados para esa fecha. Que el jueves sea festivo (día de Todos los Santos) y que el viernes se celebre Consejo de Ministros en Madrid dificulta aún más la fijación de una fecha para el encuentro esta semana, por lo que todo indica que la reunión quedará para la próxima.

Los Gobiernos autonómicos esperan que en el encuentro las ministras presenten alguna propuesta, sobre todo en materia energética, para convencer a Alcoa de que cambie de opinión sobre los cierres. Según diferentes fuentes, junto a las "zanahorias" también podría haber algún "palo". Algunas informaciones apuntan a que las ministras podrían comprometerse a desbloquear de inmediato la partida de 150 millones de euros incluida en los presupuestos de 2018 para compensar a la industria electrointensiva por los costes indirectos por emisiones de dióxido de carbono (CO2), pero que también podrían modular la parte que le corresponda a Alcoa en función de que mantenga o no la actividad y el empleo en las fábricas de A Coruña y Avilés y que no deje solo la planta de San Cibrao.

Las titulares de Industria y para la Transición Ecológica también podrían adelantar detalles sobre las subastas eléctricas de interrumpibilidad -los incentivos por desconectarse del sistema eléctrico en caso de emergencia- para las grandes industrias de cara al próximo ejercicio.