El parón en el procedimiento que investiga la quiebra de la multinacional Pescanova SA -que fuentes de la acusación atribuyen a requerimientos de varios imputados, todos de la excúpula de la pesquera- no ha puesto el freno a la investigación sobre el patrimonio de la familia del expresidente Manuel Fernández de Sousa. Unas pesquisas que se han separado de la pieza principal que ha instruido la Audiencia Nacional y por la que han resultado imputados los hijos (Pablo e Ignacio) y la esposa (Rosario Andrade) del empresario vigués por un presunto delito contra la Hacienda Pública. Ahora el fiscal anticorrupción Juan Pavía ha emitido un escrito en el que los acusa de defraudar 1,73 millones de euros al Fisco. El origen de este procedimiento emana de la localización en Andorra de tres cuentas bancarias por importe conjunto de casi 3,5 millones de euros, que nunca fueron declarados. En mayo, el magistrado José de la Mata -quien asumió la instrucción en relevo de Pablo Ruz- ya había ordenado el embargo de las cuentas, bloqueadas de facto ya desde 2015.
El escrito de Fiscalía, del 14 de septiembre, concluye que los bienes localizados en una sucursal de Andbank en Canillo (Andorra) "deben considerarse ganancias patrimoniales no justificadas imputables al ejercicio fiscal" más antiguo y, por tanto, no prescrito (2013) "y susceptible de regularización".
