El expresidente del Banco Popular, Emilio Saracho, comunicó por carta el 4 de junio de 2017 -tres días antes de su resolución- a la Junta Única de Resolución (JUR) su preocupación por las "consecuencias negativas" que podría causar la subasta que sopesaba realizar el organismo comunitario y que veía "desaconsejable".
