Sin acuerdo y con las posturas muy alejadas. Así terminó la reunión de los 28 jueces (estaba previsto que fueran 31, pero tres excusaron su ausencia) de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que debían decidir ayer quién tiene que hacerse cargo del pago del impuesto de actos jurídicos documentados (AJD), que se abona cuando se firma una hipoteca. La discusión continuará hoy, con las posiciones divididas. La duda está en si el abono lo tiene que afrontar el banco o el cliente, que era quien lo hacía hasta que una reciente sentencia del Alto Tribunal abrió la caja de Pandora y declaró que debían ser las entidades financieras las que hicieran frente al tributo. Ese escrito judicial dejaba, sin embargo, un mar de dudas que ahora el propio Supremo trata de despejar. La más importante y la de más calado es si tienen derecho a reclamar todos aquellos que tengan hipoteca, la retroactividad total.

Por lo que pueda pasar, el Gobierno trata de cubrirse las espaldas. El secretario de organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, avanzó (mientras los jueces seguían encerrados deliberando) que en función del sentido de la sentencia, el Gobierno estudiará articular "algún tipo de ayuda" a las autonomías. El impuesto está transferido a las comunidades, que podrían tener que afrontar la devolución de grandes cantidades de dinero si se declara su retroactividad total. "Queremos que haya un criterio definido y nos preocupa que se aplique la Justicia con rigor para que los intereses de las personas que las firmaron estén amparados y defendidos", señaló Ábalos.

La presión para los magistrados es máxima. El propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que el Supremo se está jugando su "prestigio". Para echar más leña al fuego, algunas organizaciones de consumidores como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), además de Podemos, prometieron dar guerra en las calles para reclamar un fallo que atienda los intereses de los clientes.

De la reunión de ayer entre los magistrados del Supremo trascendió poco. Aunque sí se difundió que las posturas entre los jueces están bastante alejadas y la situación enrocada. De hecho, ni se llegó a tratar el asunto de la retroactividad. Por lo que así de primeras los magistrados ni siquiera están de acuerdo aún en quién debe pagar el impuesto. Una parte importante apuesta por que lo hagan los bancos, como sostiene la última sentencia del Supremo, pero también hay un grupo de jueces que apuesta por que lo siga soportando el cliente. Una vez despejada esa incógnita, la discusión debería de centrarse en la retroactividad.

La tasa más alta de Europa

Precisamente, España es el país con el impuesto por la firma de hipotecas más alto de Europa, por encima de Francia, Italia o Portugal, donde también existe este tributo y es el cliente el que lo paga, según un estudio del portal Idealista. Hay otros países como Alemania, Reino Unido y Holanda en los que ni siquiera existe este gravamen, que en España se abona a las comunidades y está vinculado al importe del crédito. El tributo oscila entre el 0,5% y el 1,5% de la compraventa. En Galicia el tipo general es del 1,5%, que baja al 1% en vivienda habitual, y la Xunta prevé bonificaciones de hasta el 0,5% en otros casos.