La aluminera estadounidense Alcoa dio la semana pasada por iniciado el periodo de consultas -de un mes de duración- para el expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción en las plantas de A Coruña y Avilés (Asturias), con la idea de cerrarlas, pese a que los comités de empresa de ambas plantas se negaron a iniciar la negociación (el coruñés no asistió al encuentro en Madrid y el avilesino acudió pero solo para rechazar el despido colectivo). La multinacional estadounidense fijó ese día (el 31 de octubre) para hoy la segunda reunión con los representantes de los trabajadores, pero todo apunta a que la historia volverá a repetirse pues el comité de A Grela no tiene previsto acudir (asegura que aún no ha sido convocado) y el de Avilés se presentará con la misma idea de mostrar su rechazo al ERE, levantarse de la mesa y negarse a negociar. Ambas plantilla consideran "ilegal" el despido colectivo y esperan que tanto las administraciones como los juzgados lo tumben.

En este sentido, el presidente del comité de empresa de la planta coruñesa, Juan Carlos López Corbacho, apremió ayer al Ministerio de Trabajo a que resuelva los recursos presentadas por los representantes de los trabajadores contra del ERE de Alcoa para saber cuanto antes a qué atenerse. El pasado martes la plantilla coruñesa presentó en la Inspección de Trabajo en Galicia un escrito -que envió también al departamento que dirige Magdalena Valerio- en el que reclama que se invalide el despido colectivo por pretender negociarlo en las dos plantas de forma conjunta, cuando las factorías son independientes, filiales del grupo Alcoa. El comité coruñés sumó ayer a esa demanda un anexo -presentado en la Delegación del Gobierno- en el que denuncia que la aluminera no comunicó el inicio del ERE a los representantes sindicales ni aportó la documentación preceptiva que lo justifica para poder negociar.

"La empresa defiende que el proceso es lícito y nosotros decimos que no. Pero además Alcoa lleva una semana vulnerándolo porque a día de hoy aún no sé a qué lugar tengo que ir ni qué tengo que negociar porque no tengo ni convocatoria ni documentación", denuncia López Corbacho, que asegura que no tuvo noticias de la empresa desde el encuentro fallido de la semana pasada. "A las 12.24 horas de hoy [por ayer] me dejaron un burofax que indica que tengo que pasar mañana [por hoy] a recoger algo en Correos que no sé lo que es", relata el presidente del comité de empresa de A Grela, que asegura que los plazos complican que, aunque tuviese voluntad de hacerlo, pueda acudir a la reunión de Madrid. "Hay desinterés por parte de la empresa, con una gestión nefasta, de informar. Cuando quiere hace bien las cosas. En 2014 [cuando presentó el anterior ERE que finalmente levantó] envió un taxi desde Madrid con la documentación del expediente y con acuse de recibo para el comité de empresa", rememora el representante de la plantilla coruñesa.

Ante esta situación de bloqueo, los trabajadores reclaman a Trabajo que intervenga de forma urgente, para acabar con su "indefensión" ante una empresa "que vulnera todo".

Sobre los posibles compradores de las fábricas de Alcoa en A Coruña y Avilés, López Corbacho considera que son anuncios "que quedan muy bien en los medios" pero que deben plasmarse en una mesa de negociación, "con propuestas concretas y análisis de qué consecuencias tiene económica y socialmente" para elegir la mejor solución. Y es que el representante de los trabajadores de A Grela desconfía de los numerosos anuncios sobre inversores interesados en las fábricas y cree que pueden buscar su "desmovilización". "No vamos a parar hasta el final y creemos que, en todo el proceso de búsqueda de soluciones, Alcoa debe participar, pues puede presentar alguna oferta interesante de futuro", señala López Corbacho. Si finalmente la aluminera se cierra en banda y no acepta alternativas al cierre como la venta de las plantas, la plantilla coruñesa exige al Gobierno que recurra al artículo 128.2 de la Constitución y se haga con el control de las fábricas.

Este jueves está prevista la reunión de alto nivel entre varias ministras del Gobierno, los presidentes de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el Principado, Javier Fernández, con representantes sindicales y de la multinacional estadounidense para buscar alternativas al cierre.