Galicia cerró 2017 con una afiliación media de 973.812 personas. Es un umbral que está todavía lejos de los niveles precrisis -cuando la comunidad llegó a superar con holgura los 1,07 millones de cotizantes al sistema-, aunque sí recuperó aliento en los últimos años. No el suficiente. Desde 2013, por ejemplo, el incremento de la afiliación media ha sido del 6,57%, una ratio exigua para costear una nómina cada vez más elevada de población dependiente de prestaciones públicas. Un ejemplo: en ese mismo periodo el agujero de la Seguridad Social en Galicia -la diferencia entre los ingresos por cotizaciones, incluidas las mutuas colaboradoras, y el gasto en pensiones- se ha incrementado un 21%. Claro que el sistema funciona como una caja única, con lo que no computa la viabilidad financiera de cada autonomía. Si lo hiciera, arrojaría la siguiente cuenta en el caso de la gallega: cada mes la Seguridad Social gasta 220,3 millones más en pensiones de lo que ingresa en concepto de cotizaciones. Ni siquiera la recuperación económica ha servido no ya para revertir, sino para maquillar el tamaño de este desequilibrio.

La mejora en el mercado laboralmercado laboral ha sido más cuantitativa que de calidad -por los bajos salarios y la temporalidad-, pero ha servido para incrementar la recaudación por cotizaciones sociales en algo menos de 210 millones de euros; en 2016 los ingresos fueron de 5.371 millones, y el pasado ejercicio superaron los 5.580. Fue un aumento de cuatro puntos porcentuales, el más notable del último lustro. Después de la segunda recesión de 2010, la recaudación solo había crecido -y en el mejor de los casos- un 1,5% interanual. Ahora bien, el problema es que el gasto en pensiones creció prácticamente en el mismo importe (199,81 millones) que lo hicieron los ingresos por cotizaciones. El resultado fue un desfase de -2.644,5 millones de euros en 2017, casi idéntico al del ejercicio anterior y muy superior al de 2013 (2.181,4 millones).

No se atisba ninguna señal de que el desequilibrio vaya a dejar de producirse en estos niveles, sobre todo teniendo en cuenta el ritmo de las incorporaciones al mercado laboral y el incremento de la nómina de pensionistas. Tras la aprobación de la reforma de 2013 la revalorización de las prestaciones públicas se limitó al conocido 0,25% por el déficit del sistema (de 17.000 millones el año pasado). Con este mecanismo la Seguridad Social fue capaz de contener el incremento en el gasto en un 2,5% anual. A saber, el gasto crecía, pero principalmente porque se jubilaba más gente, no porque cobraran mucho más cada año los que ya estaban retirados. Pero el pacto de los populares con el PNV, primero, y la entrada del PSOE en Moncloa, después, eliminó esa contención. El pasado octubre el gasto en pensiones en Galicia rozó los 620 millones -nunca había superado los 600-, un 4,26% más que en el mismo mes del año anterior. Para que la comunidad pudiera sostener el actual nivel de gasto en pensiones públicas -no ya las futuras, que seguirán creciendo-, debería superar los 1,4 millones de cotizantes, una cifra inalcanzable para una economía que ha perdido 70.000 personas activas en cinco años y que le faltan otros 75.000 cotizantes para alcanzar su máximo histórico de afiliados a la Seguridad Social.