Bochornosa, aberrante o indignante fueron algunas de las calificativos utilizadas ayer por las asociaciones de consumidores al valorar la decisión del Supremo, que vuelve a cambiar su criterio, y obliga ahora a que sean los clientes los que paguen el impuesto de actos jurídicos documentados, que se abona cada vez que se firma un préstamo hipotecario. Unidos Podemos fue el partido que más rápido maniobró y convocó ya una manifestación para el sábado frente a las puertas del Supremo. Por su parte las tres patronales bancarias señalaron que la decisión "preserva la seguridad jurídica necesaria para el buen funcionamiento del mercado".

La decisión judicial ha levantado ampollas incluso en el PP. El líder de esta formación en Cataluña, Xabier García Albiol, calificó la decisión de "un grave error de consecuencias imprevisibles". Las organizaciones de consumidores se preparan para llevar el asunto ante el Tribunal Europeo donde esperan que, como ocurrió con el caso de las cláusulas suelo, se le de la razón a los consumidores. La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Lucía Delgado, tildó de "indignante" la rectificación del Supremo, al que acusó de plegarse a los intereses del " lobby financiero". Gráficamente, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, dijo que ha "ganado la banca y perdido los ciudadanos". La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) considera que la decisión del Alto Tribunal debe de tener "razones poderosas" para "contradecir lo que dicen los jueces especialistas en derecho tributario" y considera que el daño hecho a la justicia es "irreparable". "Si este asunto se hubiera gestionado bien desde el principio no se habría generado esta frustración", señaló el portavoz de la asociación, Ignacio González.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) tachó la resolución de "bochornosa". Más gruesos fueron los términos usados por Facua que habló de "absoluta aberración" y denunció que el alto tribunal le hace "un gran favor a los banqueros". Para el secretario general de UGT, José María Álvarez, la Justicia "se ha vuelto a poner de nuevo del lado de los más poderosos" y lamentó la "inquietud" que genera la decisión.

El Gobierno aseguró que analizará el impacto del fallo y fijará su posición mañana tras el Consejo de Ministros. Aunque la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, avanzó que "hay que respetar las decisiones judiciales".