El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, anunció ayer en el Parlamento gallego que planteará al Gobierno central la creación de una tarifa energética "estable" mediante el mecanismo de interrumpibilidad -los incentivos que recibe la gran industria a cambio de reducir o suspender su consumo energético cuando el sistema lo requiere- de "como mínimo cinco años" con el objetivo de evitar posibles cierres de fábricas como los anunciados por Alcoa en A Coruña y Avilés (Asturias). "Si no hay un marco mínimamente estable, las empresas electrointensivas tienen muchas coartadas para irse de Galicia y de España", advirtió el jefe del Ejecutivo gallego durante su intervención.

El anuncio de Feijóo se produjo justo un día antes de la reunión de alto nivel que mantendrán hoy en Madrid él mismo, el presidente del Principado, Javier Fernández, y representantes de Alcoa y de los sindicatos nacionales con las ministras de Industria, Reyes Maroto, y Transición Ecológica, Teresa Ribera, para buscar soluciones al cierre de las plantas e intentar que la empresa retire el expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción que afecta a los 369 trabajadores de A Coruña y a los 317 de Avilés. A este segundo encuentro entre administraciones también están invitados los alcaldes de las dos ciudades afectadas, el coruñés Xulio Ferreiro y la avilesina Mariví Monteserín.

El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, anunció ayer que en la reunión de alto nivel -entre administraciones locales, autonómicas y estatal y representantes de la empresa y sindicatos- de hoy en Madrid será "la voz de los trabajadores y trabajadoras de Alcoa de A Coruña"alcalde de A Coruña, Xulio FerreiroAlcoa A Coruña, pues los comités de empresa de las fábricas coruñesa y asturiana (de Avilés) no están convocados a ese encuentro.

"No cambiaré de opinión. No lo hice con el PP ni lo haré con el PSOE. Defenderemos la resolución aprobada por unanimidad en este Parlamento. Alcoa tiene que retirar el expediente de extinción de empleo y negociar, y el Gobierno debe activar una tarifa estable", defendió el presidente de la Xunta en respuesta a la líder del BNG, Ana Pontón, que destacó que su formación está "en pie de guerra" al lado de los trabajadores. Precisamente, una representación de la plantilla estuvo en la Cámara gallega siguiendo el debate.

La propuesta del jefe del Ejecutivo autonómico -de una tarifa eléctrica estable- solo resuelve uno de los problemas de la multinacional estadounidense, que a la hora de anunciar los cierres y el despido colectivo alegó que las dos plantas afectadas cuentan con tecnología obsoleta -tienen "problemas estructurales"- a los que añadió la sobrecapacidad de producción de China, el alto precio de las materias primas y el coste de la energía. A diferencia del ERE planteado en las dos factorías en 2014 -y finalmente retirado- el grupo con sede en Pittsburgh considera la tarifa eléctrica como un problema secundario.

Pontón también instó a Feijóo durante el debate a aclarar qué hará el Ejecutivo autonómico si la aluminera no retira el ERE, al tiempo que apostó por la intervención y el "rescate" de las fábricas, como plantea el comité de empresa coruñés en caso de ser necesario. "Con Alcoa o sin Alcoa, la producción y el empleo deben seguir en A Coruña. A través de la SEPI [Sociedad Estatal de Participaciones Industriales] se puede realizar el rescate de la fábrica para garantizar el empleo. Es una propuesta legal, necesaria y que debería defender en su reunión con las ministras", indicó la líder nacionalista al presidente de la Xunta.

Mientras, el diputado socialista Juan Manuel Díaz Villoslada aseguró que la privatización en 1998 de la antigua Inespal, dueña de ambas plantas, permitió a Alcoa ganar miles de millones de euros entre 1998 y 2010 y que solo destinó a inversiones entre un 20% y un 25% de esos fondos, lo que provocó que las fábricas sean menos eficientes. El integrante del PSOE también criticó el sistema de interrumpibilidad por conceder casi 1.000 millones de euros a la firma estadounidense sin exigencias "de mejoras tecnológicas" o de mantenimiento de la actividad y empleo.

"Debemos alcanzar una posición común no partidista. Tomemos como base la propuesta del comité de empresa de Alcoa en A Coruña, porque nos jugamos mucho", proclamó Villoslada.

El diputado de En Marea Pancho Casal, por su parte, apuntó que tendría que debatirse sobre si el Ministerio de Trabajo va a argumentar legalmente para rechazar el ERE, como pide la plantilla de A Grela, o cómo fijar mecanismos de urgencia para evitar una parada técnica de ambas fábricas, que dificultaría su arranque de cero una vez apagadas.

Casal también propuso una modificación en las subastas de interrumpibilidad para separar a las empresas participantes en dos grupos, en función de si el precio de la energía es "imprescindible" para ellas -caso de Alcoa, Megasa o Ferroatlántica en Galicia- o no. Al mismo tiempo, apostó por establecer aranceles ambientales para las compañías que introduzcan aluminio en el mercado gallego con costes ambientales superiores al producto nacional. Finalmente, el pleno del Parlamento gallego aprobó de forma unánime una proposición no de ley que recoge las demandas del comité de empresa de Alcoa para evitar el cierre de la planta de aluminio primario de A Grela, la retirada del despido colectivo para toda la plantilla y el mantenimiento de la actividad en A Coruña.

La ministra de Industria, por su parte, se mostró "optimista" en relación con el futuro de las dos factorías de la aluminera. Reyes Maroto señaló que el encuentro de alto nivel que hoy se celebra en Madrid -a las 16.00 horas- servirá para "determinar una unidad de acción que permita pedir responsabilidades a la empresa". Sobre la posible negativa de Alcoa a negociar y retirar el ERE, la ministra indicó que el Gobierno seguirá con "la búsqueda de un inversor" que permita dar una salida al problema de las dos plantas.