Los Ministerios de Industria y Transición Ecológica, la Xunta, el Principado y los ayuntamientos de A Coruña y Avilés acordaron ayer en Madrid exigir a Alcoa la retirada del expediente de regulación de empleo (ERE) extintivo para las plantas coruñesa y asturiana y crear una mesa de trabajo en la que, además de las administraciones, participen los agentes sociales y la aluminera, para negociar el futuro de las plantas que la multinacional norteamericana pretende cerrar. Aunque inicialmente se apuntó que en la reunión de ayer iba a haber representación sindical y de Alcoa, finalmente solo participaron las administraciones.

Ya en una reunión previa, celebrada el pasado 23 de octubre, los agentes sociales solicitaron la convocatoria de esta mesa a tres bandas, pero Alcoa se negó a suspender la tramitación del ERE y a integrarse en este grupo de trabajo, lo que llevó a los sindicatos a abandonar aquella reunión.

Esta vez el Gobierno central, con el apoyo del resto de administraciones, pretende "seducir" a la multinacional con varias medidas que le hagan replantearse su decisión, suspender el ERE y unirse a la mesa tripartita. Entre ellas está la activación de aquí a finales de año de los apoyos previstos para la industria electrointensiva, como son la subasta de interrumpibilidad -los incentivos que reciben las empresas grandes consumidoras de energía por reducir o suspender su consumo cuando el sistema no logra atender la demanda- y el pago del coste de compensación de emisiones de CO2. El Gobierno del PP ya había incluido en los presupuestos de este año una partida de 150 millones de euros para estas últimas retribuciones, pero de momento no se han activado.

Paralelamente, las administraciones se comprometieron a trabajar en la elaboración de un marco estable en el ámbito energético para este tipo de industrias, una demanda recurrente de Galicia y Asturias. Las tres partes confían en que este nuevo marco será suficiente para que Alcoa se preste a participar en ese nuevo foro ya que esas medidas, según la ministra de Industria, Reyes Maroto, "permitirían que Alcoa se beneficiase y tuviera una mayor seguridad jurídica" para continuar con la actividad en ambas plantas.

La ministra calificó como de "máxima urgencia" que Alcoa responda positivamente a esta doble propuesta "para que conozca las alternativas y propuestas que le pueden hacer las administraciones". El Ministerio será el interlocutor que comunicará esta oferta a la dirección mundial de la aluminera, con sede en Pittsburgh. "Queremos que valoren la unidad de acción de todas las administraciones. Esperamos que mañana podamos sentarnos con la empresa para trabajar y buscar las soluciones y que se mantengan las dos plantas y el empleo, que es lo que nos preocupa", agregó Maroto.

A la reunión celebrada en la sede de Industria en Madrid asistieron representantes de las tres administraciones de tres formaciones políticas diferentes -PSOE, PP y En Marea-. Por el Ministerio de Industria lo hicieron la ministra Reyes Maroto y el secretario general de Industria, Raúl Blanco; por el de Transición Ecológica, su titular, Teresa Ribera, y el secretario de Energía, José Domínguez Abascal; por la Xunta estuvieron su presidente, Alberto Núñez Feijóo, y el director xeral de Enerxía Ángel Bernardo Tahoces; por el Gobierno del Principado de Asturias, su presidente, Javier Fernández, y el consejero de Empleo e Industria, Isaac Pola; y completaron la mesa de asistentes los alcaldes de A Coruña, Xulio Ferreiro, y Avilés, Mariví Monteserín.

Núñez Feijóo insistió en la urgencia de abrir la mesa tripartita y detener la aplicación del ERE "que no ha guardado las formas adecuadas". "Alcoa debe replantearlo, sentarse a hablar y buscar alternativas", sentenció el presidente del Ejecutivo gallego. Respecto a las medidas con las que se quiere atraer a Alcoa a la mesa tripartita, Núñez destacó la importancia de abonar las ayudas ligadas al CO2 que figuran en los Presupuestos Generales del Estado -que serían 78 millones de euros correspondientes al ejercicio 2017 y otros tantos a 2018- antes de fin de año, convocar la subasta de interrumpibilidad de forma inmediata y trabajar en un marco energético estable para los grandes consumidores. "Estamos juntos ante un ERE que no compartimos ni en el fondo ni en la forma; el Gobierno está cumpliendo y cuando los gobiernos cumplen, las empresas también tienen que cumplir con sus responsabilidades con los trabajadores. Espero que podamos cerrar de aquí a finales de año un marco energético que después expondremos en la Unión Europea porque nos interesa que las empresas electrointensivas se queden en España y le planteamos a Alcoa que se tiene que sentar, que no puede cerrar dos centros a través de un teletipo", concluyó el presidente de la Xunta.

Javier Fernández valoró la unidad de acción mostrada en la reunión y las medidas beneficiosas para toda la industria electrointensiva: "Hay que buscar un marco estable para los precios de la energía ya que la estabilidad estimula las inversiones".

El alcalde de A Coruña se mostró en la misma línea, satisfecho con la unidad pese a los distintos colores políticos: "Lo fundamental es que en el día de hoy las cinco administraciones implicadas nos sentamos a la mesa para evidenciar que estamos de acuerdo en cómo hay que actuar. Primero es imprescindible que se retire el expediente de regulación de empleo porque no se puede negociar y conformar una mesa de trabajo realmente constructiva si hay una fecha límite tan próxima".