11 de noviembre de 2018
11.11.2018
Golpe a la industria coruñesa Las estrategias contra el cierre

España buscará la implicación de Bruselas para elevar la presión política sobre Alcoa

El Ministerio de Trabajo medita suspender el despido colectivo como exige la plantilla

11.11.2018 | 01:40
Manifestación contra el cierre de Alcoa por las calles de A Coruña.

La agenda del Gobierno español y del comité que ha formado con los ejecutivos autonómicos de Galicia y Asturias para abordar la crisis por los cierres de Alcoa en A Coruña y Avilés -y el despido de sus 369 y 317 trabajadores respectivamente- incluye conversaciones con las autoridades de la Unión Europea para buscar su implicación y elevar la presión sobre la multinacional estadounidense. Estos contactos se han explorado ya con miembros de la Comisión Europea, estamento que, por mediación de su entonces vicepresidente y comisario de Industria, Antonio Tajani, ya intervino en el pasado en procesos análogos como el de Tenneco en Gijón y el de una fábrica aluminera de Alcoa en Cerdeña (Italia).

El Ministerio de Industria tiene actualmente tres frentes abiertos (Vestas, Cemex y Alcoa) con corporaciones transnacionales que han anunciado cierres y deslocalizaciones. La Administración abordó los tres casos con una estrategia semejante que por ahora ha dado resultados diferentes. El fabricante danés de aerogeneradores Vestas se ha prestado a negociar la venta de la fábrica leonesa de Villadangos del Páramo y el coloso cementero mexicano Cemex ha accedido también a suspender el expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción para abrir un periodo de diálogo con Industria, con las comunidades afectadas (Andalucía y Baleares) y con los sindicatos. Alcoa, por su parte, ha rechazado por el momento las dos invitaciones (23 de octubre y 8 de noviembre) que se le han hecho para abrir un proceso análogo. E insiste en dar por iniciado el periodo de consultas del ERE para despedir a los trabajadores de A Coruña y Avilés.

El calendario, al menos en apariencia, corre a favor de las pretensiones de Alcoa, de materializar los despidos cuanto antes (el día 30 concluye el periodo de negociación y el 1 de diciembre podría hacerlos ya efectivos). Para que no sea así, el frente institucional y político debe forzar a la multinacional a detener el ERE y negociar alternativas (continuidad de la actividad o venta de las plantas). Los llamamientos de los gobiernos y las acciones de protesta en ambas comunidades -con miles de personas apoyando las reivindicaciones de los empleados de la aluminera- tampoco han servido para remover la rocosa posición de Alcoa. Las plantillas están pidiendo mayor contundencia al Gobierno y esta podría llegar, según indicaron fuentes conocedoras de las gestiones, en la respuesta del Ministerio de Trabajo a una petición formulada por los sindicatos para que se suspenda cautelarmente la tramitación del ERE en base a las irregularidades en la tramitación de los cierres que el comité europeo de Alcoa ha denunciado ante la Justicia holandesa. Una decisión de Trabajo alineada con la solicitud sindical daría más tiempo y posibilidades de sentar a Alcoa a negociar.

Fuentes gubernamentales remarcaron que la ministra Maroto y su equipo están manteniendo contactos discretos dentro y fuera de España para intentar que Alcoa considere alternativas al cierre. El plan de las instituciones que están involucradas (ministerios, gobiernos autonómicos y sindicatos) incluye jugar la baza de la UE.

La Comisión Europea y Eurocámara no disponen de armamento legal para paralizar cierres y deslocalizaciones, pero sí capacidad para ejercer una presión política que en ocasiones ha dado frutos, como en el caso de Tenneco en Gijón. La mediación del comisario italiano Tajani, hoy presidente del Parlamento Europeo, hizo posible que el fabricante estadounidense de amortiguadores vendiera en 2016 su planta de Gijón al fondo inversor alemán Quantum Capital en lugar de desmantelarla.

"En cierta medida, el conflicto se ha europeizado ya con la demanda judicial en Holanda. Quien debe valorar el salto para buscar el apoyo político de la UE es el comité institucional que está haciendo el seguimiento de la crisis", señala el eurodiputado socialista Jonás Fernández. "La Comisión Europea debería mojarse, pero dudo que lo haga. Los trabajadores no necesitan más buenas palabras. España debería copiar de Francia, donde, después de dos años de pelea, una ley determina que cualquier industria tiene la obligación de vender antes que cerrar y marcharse", subraya Ángela Vallina, europarlamentaria de IU. Mientras, Tania González, de Podemos, remarca: "Es importante que se visibilice el conflicto más allá de España, las instituciones europeas pueden ejercer presión política y son un tremendo altavoz comunicativo".

El comité de empresa de Alcoa aplaude que el Gobierno busque la implicación de Bruselas, aunque incide en que lo más acuciante es "conseguir que se levante el ERE como sea". "Analizamos todas las opciones y vemos positivo todo lo que se haga, pero que nadie se olvide del foco del asunto: el Gobierno tiene herramientas para levantar el expediente", señalan los representantes de los trabajadores. Las federaciones sindicales de industria han iniciado sus propios contactos para hablar con las comisarias de Competencia, Industria y Empleo.

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David Galán, responderá a los lectores de LA OPINIÓN A CORUÑA sobre todo lo relativo a los mercados financieros y la Bolsa. David Galán es director de Renta Variable en Bolsa General y director del programa de Análisis Bursátil de la Escuela de Finanzas, colaborador de XTB, mayor bróker ´online´ de Europa.

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