La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, descartó ayer en Santiago, poco antes de participar en un acto del PSOE, que el Gobierno tenga pensado nacionalizar las factorías que la multinacional norteamericana Alcoa pretende cerrar en A Coruña y Avilés (Asturias). Este rechazo tajante lo hizo, además, apelando a este argumento: "No estamos en una economía estatalizada como para intervenir la empresa, no estamos en un régimen comunista".
Los representantes sindicales de la plantilla aseguran no comprender a la ministra pues "Francia o Italia han intervenido de una u otra manera en crisis de fábricas" similares. "Me parece que ni uno ni otro países son comunistas, pero lo tengo que mirar", añadieron los representantes de los trabajadores de la aluminera. "Estamos seguros de que Valerio no es soviética, pero ahora dudamos de que sea socialista", añadió un representantes del comité europeo de Alcoa, el órgano de representación de los trabajadores que ha llevado a los tribunales holandeses a la multinacional por haber eludido, según su criterio, el deber de informar a la plantilla sobre el cierre de las dos fábricas de aluminio primario.
La intervención estatal en las fábricas protagonistas de la crisis es una demanda que defienden los representantes sindicales en la planta de A Coruña y que está latente también en la de Avilés. Si se considera estratégico el sector aluminio, la Constitución deja abierta una puerta para el paso adelante del Estado pues el artículo 128.2 dice: "Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general".
Los sindicalistas instan a la ministra de Trabajo a aclarar de qué parte está. "Queremos conocer a nuestros enemigos", sentencian.
Las palabras de Valerio llegan justo después de que el frente de las administraciones públicas se presentase unido el pasado jueves, el mismo día en el que marcharon por las calles de Avilés más de 50.000 personas -entre ellas trabajadores gallegos- al grito de "Alcoa no se cierra". La unidad la escenificaron los dos presidentes autonómicos afectados -el de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el del Principado, Javier Fernández- y también los dos alcaldes de las ciudades afectadas por la decisión de la multinacional norteamericana, A Coruña y Avilés.
Analizará el ERE
Antes de sumarse al acto de proclamación del candidato socialista a la Xunta, Gonzalo Caballero, la ministra de Trabajo se comprometió a estudiar el expediente de regulación de empleo extintivo que supondrá el cierre de las dos plantas de la aluminera y la destrucción de casi 700 empleos directos, 369 en la factoría de A Grela y 317 en la de Avilés.
"Hay un expediente de regulación de empleo presentado en el Ministerio de Trabajo. Yo como ministra me comprometo a estudiar en profundidad este expediente y a dar una solución, que tengo la convicción, espero y deseo, que sea satisfactoria para mejorar la situación que en este momento tienen las miles de personas afectadas por el posible expediente de regulación de empleo de Alcoa", declaró Valerio.
Sin embargo, los trabajadores de las plantas afectadas claman contra la lentitud de las autoridades laborales a la hora de tumbar el ERE y aseguran que el grupo con sede en Pittsburgh está cometiendo "continuas ilegalidades" en la tramitación del expediente. "En los últimos días aún había representantes del comité de empresa de A Coruña que carecían de la memoria explicativa del despido colectivo y en teoría el martes [por mañana] ya es la tercera reunión del periodo de consultas", relata el portavoz de la plantilla de A Grela, Juan Carlos López Corbacho. "Esa documentación hay que tenerla antes de comenzar las negociaciones y la mayoría la recibimos justo el día en que estaba convocada la segunda reunión del periodo de consultas", el pasado martes, aseveró el presidente del comité de empresa de A Coruña.
Por este y otros motivos, los representantes sindicales de la factoría coruñesa ya presentaron tres escritos en la Inspección de Trabajo en los que denuncian "los incumplimientos flagrantes" de la normativa laboral y exigen a la Administración que actúe con celeridad y tumbe el despido colectivo.
La empresa, la margen de esos movimientos, ha convocado por tercera vez a los representantes sindicales para negociar los despidos colectivos mañana. La firma considera que hace dos semanas que comenzó el periodo de consultas, algo que rechazan los sindicatos, que tienen en marcha un proceso judicial en Holanda contra la empresa.
