Nuevo lío en torno al impuesto de actos jurídicos documentados. El decreto aprobado por el Gobierno para obligar a los bancos a hacer frente a esa tasa, que se abona cuando se firma una hipoteca, se olvidó de mencionar a las cajas rurales y las cooperativas de crédito, que están exentas de abonar este tributo gracias a una ley que fue aprobada ya en 1990. Con lo que, desde hoy, estas entidades podrían ofrecer préstamos hipotecarios con unas condiciones mejores que los bancos.

La posición de las cajas rurales y las cooperativas de crédito en el mercado de los préstamos hipotecarios no es moco de pavo y, si el Gobierno no corrige la ley, ni los clientes ni estas entidades financieras tendrán que pagar el impuesto, lo que, aguas abajo, puede repercutir en los ingresos de las comunidades autónomas, que son las encargadas de recaudar esta tasa.

De hecho, algunas cajas rurales ya han dicho que, cumpliendo con la ley, ni pagarán el impuesto ni se lo van a repercutir a sus clientes. Otras ya dijeron que lo pagarán para evitar líos judiciales.

El hecho es que las cooperativas de crédito disfrutan desde el 20 de diciembre de 1990 de una serie de exenciones impositivas que están incluidas en la ley sobre el régimen fiscal de las cooperativas, categoría que engloba a las cajas rurales. En concreto, la norma establece explícitamente (artículo 33) que, como "cooperativas protegidas" que son, no tendrán que abonar ni el "impuesto sobre transmisiones patrimoniales ni el de actos jurídicos documentados".

El caso es que el nuevo decreto ley aprobado la pasada semana deroga cualquier norma anterior que pueda resultar contradictoria y establece que "cuando se trate de escrituras de préstamo con garantía hipotecaria, se considerará sujeto pasivo al prestamista". O sea, a los bancos. Pero, las cajas rurales están consideradas como cooperativas de crédito y están reguladas por una ley específica en la que, sin ninguna ambigüedad y de forma muy clara, establece que estas entidades están exentas de pagar el tributo.

¿Qué opciones tiene ahora el Gobierno para arreglar su error? La solución puede ser tortuosa. El texto del decreto se podrá enmendar durante su tramitación parlamentaria en el caso de que se tramite como una ley, pero esto obligará a que los plazos para su aprobación se demoren. El PSOE, además, no tiene mayoría en el Congreso de los Diputados para aprobar la nueva norma con la facilidad que le gustaría y otros grupos políticos podrían exigirle alguna que otra contrapartida para allanarle el camino. Todo un embrollo.

Vista la marejada, algunas cajas han manifestado, según recogen medios como El Confidencial y la Cadena Ser, que tienen previsto pagar el impuesto porque no quieren meterse en nuevos problemas jurídicos y así evitan que el caso acabe en un nuevo polvorín judicial. Sobre el papel y con la ley en la mano no tendrían que hacerlo. No pagarlo, además, les pondría en una ventaja comercial sobre los bancos, algunos de los cuales han comenzado a encarecer las hipotecas, incrementando el tipo de interés. También se especula con que otros puedan optar por elevar las comisiones.