Primer día en el que la banca tiene que hacerse cargo del impuesto sobre las hipotecas, y nueva jornada de reproches a tres bandas: el Gobierno, los consumidores y las entidades financieras. Los bancos defendieron ayer a capa y espada que han mantenido las condiciones de estos préstamos, aunque algunos ya los había subido días atrás. La secretaria de Estado de Hacienda, Inés María Bardón, destacó que se estrechará la vigilancia sobre el sector para que no repercutan a los consumidores el pago de esta tasa. De hecho, el Ejecutivo va a crear con "carácter de urgencia" una agencia que velará por los intereses de los consumidores financieros frente a las cláusulas abusivas de la banca. Los consumidores no se fían y exigen mayores controles porque están convencidos de que tarde o temprano las condiciones de los préstamos hipotecarios empeorarán.
Bardón también aseguró que las cajas rurales y el resto de cooperativas de crédito tienen que pagar el tributo, pese a que una ley de 1994 les eximía de hacerlo. "La disposición derogativa así lo recoge y si hubiésemos querido realizar alguna excepción lo habríamos hecho, no es necesario modificar el texto de la ley", señaló la secretaria de Estado de Hacienda.
Los clientes desconfían de la banca. La asociación de consumidores, Adicae, denunció ayer el "caos absoluto" que existe entre las ofertas de préstamos hipotecarios. Tanto en las páginas web de las entidades financieras como en las oficinas. "Las informaciones que da la banca a los usuarios respecto al impuesto de actos jurídicos son confusas y en muchos casos anticuadas, así como en los otros gastos hipotecarios que ya fueron declarados nulos por el Supremo", lamentó Adicae.
El Gobierno aprobó la pasada semana un decreto para obligar a las entidades financieras a asumir el pago del impuesto de actos jurídicos documentados, después de que el Tribunal Supremo hubiera decidido antes que debían de asumirlo los clientes.
La banca asegura que, por el momento, va a mantener las condiciones de los préstamos hipotecarios, pero no descarta llevar a cabo cambios próximamente. Algunos ya lo hicieron días atrás, de hecho. Las asociaciones de consumidores se mantienen cautelosas porque están convencidas de que el asunto terminará en manos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), como ha ocurrido con otros temas ligados con las hipotecas, caso de las cláusulas suelo. Por su parte, agrupaciones como la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) se han mostrado partidarias de suprimir el tributo para evitar que se repercuta "tarde o temprano" sobre los clientes. Aunque el Gobierno descartó ayer, de nuevo, esta posibilidad,
Al igual que hará Hacienda, el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, aseguró que no permitirá que el sector bancario adopte conductas coordinadas o lleve a cabo recomendaciones colectivas para repercutir el coste del impuesto sobre los clientes. Y garantizó la "vigilancia y seguimiento" del mercado hipotecario por parte del organismo que preside.
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) criticó la precipitación del Gobierno a la hora de legislar y se muestra convencida de que los bancos trasladarán a los clientes el coste que les supondrá el impuesto. Y denuncia que se están paralizando muchas operaciones inmobiliarias.
Los notarios, por su parte, aseguraron que continuarán con su labor de informar a las partes en la firma de las hipotecas que, desde ahora, son las entidades financieras las que tienen que pagar el impuesto.
