13 de noviembre de 2018
13.11.2018
La Opinión de A Coruña
Golpe a la industria coruñesa Lucha contra el cierre

El Ministerio de Trabajo ve dificultades para detener los despidos en la fábrica de Alcoa

Los trabajadores de A Grela confían en parar el ERE - El foco está ahora en la vista que se celebrará el lunes en Rotterdam - La plantilla asturiana pide ayuda a Sánchez

13.11.2018 | 01:05
Concentración de trabajadores de Alcoa contra el cierre, el sábado pasado en la Torre de Hércules.

El día 19 se juega Rotterdam una partida fundamental para paralizar el expediente de extinción de empleo que pesa sobre las plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés (Asturias). Fuentes próximas al Gobierno sostienen que el Ministerio de Trabajo se encuentra con serias dificultades para encontrar argumentos legales suficientes para paralizar los casi 700 despidos -369 en la planta coruñesa y 317 en la asturiana-, de ahí que todas las miradas se centren en la vista que se celebrará en la ciudad holandesa donde tiene sede el comité europeo de Alcoa, que ha recurrido a los tribunales para paralizar el proceso por incumplimiento del periodo de información y consulta.

Los trabajadores de la planta de A Grela manifestaron ayer mismo su esperanza de que el Trabajo rechace en los próximos cuatro días el Expediente de Regulación de Empleo (ERE). "La pelota está en el tejado de la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, quien se comprometió ayer [por el domingo] a tomarse el asunto como algo personal y a tomar una decisión con su equipo, con el que se reúne hoy [por ayer]", confió el presidente del comité de empresa de Alcoa en A Coruña, Juan Carlos López Corbacho.

Por su parte, la plantilla de Avilés pidió ayer por escrito una reunión urgente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien solicitan "que intervenga en esta problemática". El tiempo apremia. En 18 días concluye el periodo de consultas del ERE. En 19, los alumineros pueden empezar a irse a la calle. Así las cosas, y salvo que la multinacional retire de motu proprio el expediente, las esperanzas están focalizadas en un juez holandés, el encargado de dirimir sobre la vista que se celebrará el lunes en Rotterdam.

El comité europeo, en el que están representados los trabajadores de las cinco plantas de Alcoa en el continente, denunció a la multinacional por vulneración de los derechos de información y consulta del ERE. Los sindicatos defienden que la compañía tiene que cumplir ese trámite, mientras que la multinacional argumenta que no es necesario porque su decisión solo afecta a un país. "Alcoa tiene cinco plantas en Europa y cierra dos, estamos hablando de un nivel importante de producción en Europa, una reducción de en torno al 30%. Los efectos sí que tienen dimensiones europeas", sostiene el sindicato internacional IndustriALL.

En la audiencia del día 19 los sindicatos trasladarán sus argumentos que para probar que Alcoa Europa no ha iniciado el proceso de forma legal y pedirán al juez que paralice el procedimiento de despido (el comité europeo tiene derecho a disponer de toda la información, a pedir un informe independiente para corroborar los argumentos que esgrime la compañía y emitir su opinión). Esto obligaría a Alcoa a empezar de cero. Los sindicatos vienen defendiendo que existen "defectos de forma" en el ERE que presentó la multinacional, pero Trabajo no ve "elementos de peso para paralizarlo". De ahí que crezca la presión política, tanto española como europea, "para apremiar a Alcoa a que retire directamente el expediente y que se siente con el Gobierno a negociar el futuro de las plantas". Con Alcoa o sin ella, el objetivo final es mantener la actividad fabril y ya hay inversores que han manifestado su interés.

Medidas de presión

Bruselas también tiene herramientas para ejercer presión sobre la multinacional. "Hay un déficit importante de producción de aluminio en Europa, somos importadores netos, se consume el doble de lo que se produce. Se podrían establecer aranceles al aluminio que entra en Europa", inciden medios sindicales. También España, añaden, puede seguir el ejemplo de Italia con la planta de Portovesme (Alcoa la abandonó, el Estado la administró temporalmente y revive con la compañía suiza Siders Alloy).

El rechazo de Valerio a renacionalizar las fábricas alegando que de que España no es "un régimen comunista" -según espetó la ministra el domingo a los periodistas- desencadenaron un aluvión de reacciones. Populares y socialistas rechazan la vía de la intervención, al considerar que no se trata de la "solución adecuada"; mientras En Marea y BNG ponen el acento en otros "rescates" como el bancario o el de las autopistas radiales madrileñas, antes de lamentar que se confunda la defensa del "interés general" con "comunismo".

El grupo parlamentario de Unidos Podemos solicitará la comparecencia urgente en el Congreso de las ministras de Industria y de Empleo, Reyes Maroto y Magdalena Valerio, para que informen en comisión de las medidas que tienen previsto adoptar sobre Alcoa.

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