14 de noviembre de 2018
14.11.2018
La transición energética El fin de las centrales de carbón

Las térmicas cerrarán antes de siete años, prevé el 'número dos' de la ministra Ribera

Domínguez Abascal aboga por la descarbonización rápida que amenaza a Meirama y As Pontes: fin de todas las centrales de carbón entre 2020 y 2025 aunque hayan invertido en reducir la polución

14.11.2018 | 01:47
Central térmica de carbón de Naturgy (antes Gas Natural Fenosa) en Meirama.

La generación de electricidad con carbón desaparecerá de España antes de 2025, según dio a entender ayer el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, anticipando el escenario con el que trabaja el Gobierno para la planificación de la llamada transición energética. Si se materializa esa previsión de Domínguez Abascal, en un plazo máximo de siete años cerrarían tanto las térmicas que no han realizado las inversiones ambientales que exige la legislación europea para funcionar más allá de 2020 (la central de Naturgy en Meirama) como aquellas donde sí se han realizado tales obras (la de Endesa en As Pontes).

El calendario que comentó en Madrid el número dos del Ministerio de Transición Ecológica confirma que la apuesta del Gobierno es una descarbonización rápida de la economía, muy temida en los territorios cuyas economías dependen de las centrales de carbón debido a sus impactos económicos y sociales: pérdida de centenares de empleos en las centrales -las dos centrales gallegas dan empleo directo a cerca de 1.000 trabajadores-, caída de los tráficos portuarios, riesgo de subida del precio de la luz (en particular para la gran industria) y recorte de actividad en el sector del transporte, además de la menor recaudación de impuestos para las arcas públicas.

Las manifestaciones de Domínguez Abascal, realizadas durante unas jornadas sobre energía que organizaron la Comisión Europea y la escuela de negocios Esade, coincidieron ayer con la divulgación de un documento preliminar sobre la ley de Cambio Climático y Transición Energética que prepara el departamento de la ministra Teresa Ribera. En ese texto no hay referencias explícitas al cierre de las térmicas, aunque se habla de un magno despliegue de energías renovables (al menos 3.000 megavatios de potencia nueva entre 2020 y 2030) y de suprimir cualquier incentivo o ventaja fiscal que pueda tener el uso del carbón y los demás combustibles fósiles.

La forma en que se concretará esa expansión de renovables (solar y eólica, principalmente) y las previsiones sobre la participación de las demás tecnologías en la cobertura de la demanda eléctrica se fijarán en otro documento, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que el Gobierno remitirá a la Unión Europea antes de fin de año. Fuentes ministeriales matizaron que hasta que se cierre ese plan no es posible precisar oficialmente el horizonte de funcionamiento de las térmicas. De acuerdo con esa versión, las fechas indicadas por el secretario de Estado pudieron obedecer a una impresión personal.

Domínguez Abascal distinguió entre dos tipos de centrales de carbón. Por un lado, nueve de las catorce térmicas que existen en la actualidad en España no funcionarían más allá de 2020. Se trata de instalaciones que hasta ahora no incorporaron equipos para reducir, en los niveles que exige la legislación europea, la emisión de óxidos nitrosos (NOx, gas causante de la lluvia ácida). En esa relación figura la central de Naturgy (antes Gas Natural Fenosa) en Meirama (Cerceda), que diecinueve meses del vencimiento del plazo (junio de 2020) no se ha planteado hacer las obras. Endesa sí realizó una intervención para aminorar las emisiones contaminantes en As Pontes, con una inversión de 217 millones de euros para poder seguir operando.

Según las explicaciones del secretario de Estado, las cinco térmicas españolas donde sí se ha invertido para prolongar su vida útil más allá de 2020 deberán cerrar como mucho en 2025. Ello supondría, de consumarse, la clausura de la térmica de As Pontes, la más grande de España, con una potencia de 1.468,5 megavatios. Endesa tendría que echar el cierre a pesar de la cuantiosa inversión realizada para mantener su actividad con menor impacto ambiental.

El documento sobre la transición energética que se conoció ayer incluye un capítulo titulado Transición justa en que se comprometen "medidas para potenciar la reactivación económica" de los sectores y de los territorios afectados por situaciones como cierres de térmicas. Se alude, entre otras, a "políticas activas de empleo dirigidas a la reconversión formativa y medidas de protección social". Se abordarán en colaboración con empresas, sindicatos e instituciones públicas, a través de un mecanismo llamado "contrato de transición justa".

La central de As Pontes cuenta con una plantilla de unos 200 trabajadores directos, pero el empleo directo dependiente de ella ronda los 700 profesionales entre el dispositivo de camiones (unos 150) para transportar el carbón y las distintas contratas vinculadas a la actividad de la central. La térmica genera además 80 millones de euros al año en salarios, impuestos y contratos con pequeñas empresas locales.

Por su parte, la central de Meirama, cuenta con alrededor de un centenar de profesionales en plantilla, a los que se suman otros tantos de empresas auxiliares que dependen directamente de la planta. A ellos habría que sumar aún los empleos indirectos. Todos ellos, amenazados por la transición energética hacia una producción de electricidad no contaminante que impulsa el Gobierno.

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