Otra vez, y van unas cuantas, el sector energético enfrenta a Xunta y Gobierno central. Es un motivo de discusión habitual entre las dos administraciones, incluso cuando ambas compartieron el mismo color político. Después de conocerse las principales claves del borrador de la ley de cambio climático y su intención de descarbonizar la economía en 2050 con un sistema eléctrico 100% renovable, el secretario de Estado de Energía, osé Domínguez, desvelaba el pasado jueves su previsión sobre el futuro de las centrales térmicas: nueve dejarán de funcionar antes de junio de 2020 y otras cinco seguirán, probablemente no más allá de 2030. Es lo que cree el Ejecutivo, "pero no lo estamos imponiendo", enfatizó el número dos del Ministerio de Industria. Aunque la polémica originada en las últimas horas por los posibles cierres, entre ellos la planta de Naturgy (antes Gas Natural Fenosa) en Meirama, se está mezclando con la futura norma del Gobierno para guiar la transición energética, lo cierto es que no es así. La viabilidad de las térmicas españolas está condicionado, como el resto de grandes instalaciones de combustión en Europa, por una directiva comunitaria de hace ocho años que obliga a reducir a fondo las emisiones de gases de efecto invernadero. Esas cinco centrales que mantendrán la actividad comunicaron formalmente su intención de hacerlo. Es el caso de As Pontes, donde Endesa inició en marzo un proyecto de reforma presupuestado en 200 millones de euros. La Xunta aprovecha para acusar al Gobierno de crear "una incertidumbre injustificada", pero reconoce que también Naturgy es "corresponsable" de esta situación y le insta a "cumplir los compromisos asumidos con Galicia".
El anterior plan estratégico de la entonces Gas Natural Fenosa reservaba una partida de 100 millones de euros para adaptar Meirama a los nuevos criterios de emisiones impuestos por Bruselas. El nuevo ya no. Preguntado expresamente por la continuidad de la central gallega, el presidente, Francisco Reynés, advirtió que la compañía no movilizaría "ninguna inversión que no pueda recuperarse". Eso fue a finales de junio. Desde entonces, Naturgy da la callada por respuesta. La decisión, asegura, "no está tomada".
El conselleiro de Economía, Emprego e Industria negaba ayer con la cabeza que su departamento esté al tanto de los planes de Naturgy para Meirama. Hace unos meses, temiéndose lo peor, entre los 180 trabajadores de la central -70 directos y 110 de auxiliares- se hablaba de una reunión entre la cúpula de la compañía y la Xunta para comunicarles la clausura. "Tenemos claro que Meirama, al igual que As Pontes, es una central eficiente, que tiene un papel muy importante dentro del sistema energético en España, donde el 17% de la electricidad se produce en las térmicas", defiende Francisco Conde, que reprocha "el coste" que puede suponer la transición energética cuando en otros países, "como Alemania, las térmicas producen el 37%".
"A lo único que nos puede llevar es a una destrucción de empleo, a un coste energético más elevado y, por lo tanto, a una pérdida de competitividad y de tejido industrial en Galicia", arremete el conselleiro, que echa mano del problema de Alcoa para ejemplificar as consecuencias del encarecimiento de la factura energética "para empresas electrointensivas o sectores tan importantes como la automoción". "Hay una doble responsabilidad, por parte del Gobierno con una transición desordenada y sin diálogo -añade Conde-; y por parte de las empresas que tienen que responder a los compromisos asumidos con Galicia, como es el caso de Naturgy".
Galicia suma 2.000 megavatios (MW) de los 10.000 que en total están operativos en España para producir electricidad con carbón. As Pontes por sí sola tiene una potencia de casi 1.500 MW. Meirama roza los 600. Las térmicas se mueven alrededor del 20% de la producción total. Entre enero y octubre de este año, la contribución del carbón al sistema eléctrico asciende al 20,8%. El porcentaje suele ser mucho más elevado en Galicia, donde el año pasado, un año de pocas lluvias y viento, las térmicas alcanzaron el 41%.
Por ese peso tan relevante, una de las quejas más reiteradas desde que se confirmó el más que posible cierre de Meirama es el cambio de condición de Galicia como territorio con superávit eléctrico a deficitaria. Sin embargo, en la ecuación hay que tener en cuenta la previsión de incremento en potencia renovable. Solo con las dos últimas subastas del Gobierno, la Xunta estima unos 700 MW y el objetivo de la ley de cambio climático es sacar pujas de 3.000 MW anuales entre 2020 y 2030.
El comité de empresa de la central de Meirama pide a la Xunta que haga de mediador. "Valdría la pena invertir", apela su presidente, Bautista Vega, que avanza posibles protestas en caso de que no sea así. "Está en plazo, la decisión no está tomada", asegura también el alcalde de Cerceda, José García Liñares.
A eso mismo se agarra el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, para recordar que si Naturgy quiere, "lo que tiene que hacer es actuar conforme lo que marca la legislación". "Las empresas tienen que realizar inversiones, algunas pueden tomar decisiones, pero el Gobierno no tiene la decisión de cerrar ninguna central", destaca Losada.
