La polémica alrededor del principal impuesto de las hipotecas puede dar todavía mucho más de sí. Es probable que el asunto acabe en manos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea después de la controvertida decisión del Supremo español de mantener el pago en el cliente y dejar sin efecto el cambio de jurisprudencia de la sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo y sus tres sentencias rotundas a favor de trasladarlo a los bancos porque son los verdaderamente interesados en elevar a públicas las escrituras del crédito. No hay de momento opción a reclamar por vía administrativa la devolución porque la reforma exprés del Gobierno que entró en vigor el sábado solo obliga a las entidades a asumir el desembolso en los nuevos préstamos. El entuerto pilla al sistema financiero sin curar del todo la mala imagen acumulada en los años de crisis y con un enésimo motivo, ante el también más que posible encarecimiento de las hipotecas para repercutir el coste del tributo, para alimentar la oleada de reclamaciones que vienen sufriendo. Fueron más de 40.000 el pasado año, según el balance que acaba de publicar el Banco de España. Galicia es la sexta comunidad con más quejas tras dispararse el número un 142% respecto al ejercicio anterior.

Se presentaron en la comunidad gallega 1.960 reclamaciones, una cifra inédita y que supera el récord que hasta ahora estaba en 2014, cuando las quejas a bancos ascendieron a 1.216 en plena batalla por las cláusulas suelo. Galicia concentra el 4,9% del total de quejas formuladas en el país. El supervisor recibió 39 quejas por cada mil millones de euros de actividad financiera en la comunidad. La media estatal fue de 33.

Por provincias, las reclamaciones en A Coruña alcanzaron las 1.114. En Pontevedra se registraron 609. En Lugo fueron 140 y 97 en Ourense.

Andalucía lidera el ranking por comunidades con más de 9.400 quejas contra los bancos. Le siguen Comunidad Valenciana (6.936), Madrid (5.784), Cataluña (3.569) y Murcia (2.192). Frente al ascenso del 177% en el conjunto del Estado, el volumen de reclamaciones aumentó hasta un 1.100% en Melilla; un 371% en Valencia; y por encima del 250% en Murcia y País Vasco.

La crisis tuvo en la banca a una de sus principales protagonistas ante la reestructuración a fondo del sector y el estallido, entre otros problemas, del caso de las preferentes, con decenas de miles de afectados en Galicia. Entre 2006 y 2008 las reclamaciones rondaron las 300. A partir de ese momento empiezan a aumentar con fuerza: de las 600 de 2009 a más de 900 en 2012 y 2103. Al pico de 2014 (1.216) le siguió cierta tregua -unas 800 tanto en 2015 como en 2016-, hasta el número máximo del pasado ejercicio.

Detrás de este vertiginoso apunte en las reclamaciones contra las entidades financieras están, precisamente, "la discrepancia con el cobro de gastos de formalización en los préstamos hipotecarios". Solo por esa causa presentaron más de 23.000. En general, los créditos para la compra de vivienda absorben el 81,4% del total de las quejas, según el Banco de España, "un porcentaje muy superior al de otros ejercicios". ¿Cuánto crecieron? Un 353,9% en comparación con las 7.201 contabilizadas en 2016.

Otro "elevado volumen de reclamaciones", unas 6.000, se debió a la aplicación de las cláusulas suelo y las solicitudes para la devolución de las cantidades aportadas por los clientes. Por cuentas y depósitos se formularon 3.194 quejas relacionadas con liquidaciones de cuentas básicamente; y 1.475 vinculadas a apuntes, adeudo de comisiones, robo y uso fraudulento de tarjetas.

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