Un nuevo hito en la transición energética. La capital de España activó ayer Madrid Central, el plan para mitigar la contaminación que restringe el tráfico en el centro de la ciudad. A ese cogollo solo pueden acceder, además del transporte colectivo, los vehículos de residentes, los que no tienen emisiones y los que dispongan de etiqueta ambiental y estacionen en un parking de uso público. Estas limitaciones impulsadas por el Gobierno de Manuela Carmena no tardarán en llegar a Galicia. El anteproyecto de ley de cambio climático que ha redactado el Ministerio para la Transición Ecológica, encabezado por Teresa Ribera, establece que todos los municipios de más de 50.000 habitantes deberán establecer zonas de bajas emisiones no más tarde de 2023. Si se aprueba la iniciativa, las restricciones de Madrid se aplicarán en A Coruña, Vigo, Santiago, Ferrol, Pontevedra, Ourense y Lugo.

El anteproyecto de ley establece obligaciones específicas para los ayuntamientos. Así, los municipios de más de 100.000 habitantes (Vigo, A Coruña y Ourense en el caso de Galicia) deberán contar con planes de energía y clima antes del 31 de diciembre de 2021 que incluirán medidas de transición ecológica coherentes con los objetivos de una ley que fijará el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030 en un 20% con respecto a las de 1990 y una penetración de renovables en el consumo final de energía de un 35%.

Además, el anteproyecto de ley de cambio climático establece que los municipios de más de 50.000 habitantes (incluidas las siete ciudades gallegas) deberán integrar en sus planes de ordenación urbana medidas que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad. Ahí se incluye la obligación de establecer zonas de bajas emisiones -como la que activó ayer Madrid en su centro- no más tarde de 2023.

Esos municipios también deberán incluir en sus planes de ordenación urbana medidas para facilitar los desplazamientos a pie, en bicicleta o en otros medios de "transporte activo"; medidas para la mejora y uso de la red de transporte público; medidas para la electrificación de la red de transporte público y el uso de combustibles sin emisiones de gases de efecto invernadero como el biometano, y medidas para fomentar el uso de medios de transporte eléctricos privados, incluyendo puntos de recarga.